Caso Salinas Pliego: un gobierno ladrón y sus consecuencias políticas
Cómo el régimen destruyó las reglas para poder cobrarle a un solo hombre.
Los ataques a la libertad no siempre empiezan con expropiaciones ni con golpes espectaculares. Muchas veces arrancan con un matiz técnico, una decisión administrativa menor o un cambio interpretativo que parece inofensivo.
Así se erosionan las democracias: no con estruendo, sino con resoluciones.
Durante años, Ricardo Salinas Pliego pagó sus impuestos conforme a las reglas vigentes. Las diferencias entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los grandes contribuyentes eran parte de la normalidad.
Hasta que, en el sexenio de Peña Nieto, Hacienda decidió cambiar no sólo la ley, sino el significado mismo de cómo debía aplicarse. Actos válidos durante décadas se reinterpretaron para convertirlos retroactivamente en un adeudo gigantesco.
Todo se originó en el decreto del 12 de noviembre de 2013, que reformó la Ley del ISR, la del IETU y la del IVA. Ese decreto eliminó el régimen de consolidación fiscal y obligó a calcular ejercicios anteriores con reglas nuevas. Lo que había sido legal por décadas se volvió súbitamente deuda. No fue evasión: fue el Estado cambiando el significado de la ley para cobrar más.
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La reforma tenía una ventaja fiscal inmediata: generaba ingresos sin modificar la actividad económica. Pero también tenía un costo institucional devastador: convertía a un contribuyente cumplido en un deudor fabricado.
Salinas Pliego se defendió legalmente. La bola de nieve comenzó ahí, no en maniobras ocultas ni evasiones.
Con el tiempo, ese expediente inflado se volvió mercancía política. El régimen obradorista encontró en él un enemigo útil, un símbolo para movilizar a los suyos y una mina de propaganda.
Cuatro hechos simples sostienen esta historia
1. Salinas Pliego pagó conforme a la ley vigente de ese momento.
2. Fue el gobierno quien cambió las reglas para cobrar más.
3. Salinas Pliego no aceptó ese cambio retroactivo.
4. El régimen obradorista convirtió ese diferendo fiscal en arma política.
El punto central es que para cobrarle, tuvieron que cambiar al sistema. Nada de esto habría sido posible sin desmantelar las instituciones encargadas de arbitrar el conflicto.
López Obrador destruyó la independencia judicial con la presión pública que ya conocemos, amenazas políticas y, finalmente, una reforma constitucional diseñada para que los jueces dejaran de ser contrapeso y se convirtieran en empleados del Ejecutivo.
Claudia Sheinbaum terminó el trabajo, al restringir las suspensiones del juicio de amparo. Hoy, cualquier juez que se atreva a frenar un acto de poder sabe que puede pagar con su carrera o su libertad.
En ese clima, imaginar una revisión seria del caso era un acto de ingenuidad.
La resolución no tiene explicación técnica. Tiene explicación política. Para que el Estado “ganara”, tuvo que tumbar el tablero.
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¿Qué puede hacer Salinas Pliego ahora?
El fallo de la Corte le permite al régimen cobrar. Pero eso no significa que Salinas Pliego esté derrotado. Sólo significa que entró a una nueva fase del conflicto. Ahora el litigio deja de ser un pleito fiscal y se convierte en una guerra de resistencia. Tiene cuatro salidas:
1. Negociar, aunque el gobierno jure que no negocia
La historia fiscal de México es sencilla: el gobierno siempre dice que no negocia… hasta que necesita negociar.
Nada obliga al Estado a flexibilizarse, pero tampoco le conviene incendiar a un grupo empresarial que emplea a miles de personas. En este tipo de casos, los calendarios, recargos y modalidades sí suelen moverse. No es justicia: es pragmatismo. Y los gobiernos pragmáticos, incluso los autoritarios, terminan haciéndolo.
2. Llevar la pelea fuera del país
Si el terreno nacional está perdido por captura institucional, el tablero internacional es distinto.
El primer espacio es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Ahí no se discute si Salinas Pliego debe o no pagar impuestos, sino si el proceso fue legal, si hubo retroactividad, violaciones al debido proceso, presiones políticas o falta de independencia judicial.
El segundo es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde se evalúa si un Estado trató con arbitrariedad a un inversionista. Si se demuestra discriminación, retroactividad o persecución selectiva, México puede perder y ser obligado a pagar.
Y el tercero es el T-MEC, que no prohíbe cobrar impuestos, pero sí usar la fiscalización como arma política. Si Salinas Pliego muestra afectación a operaciones transfronterizas, entra a jurisdicción trinacional.
Ninguno de estos mecanismos detiene el cobro inmediato, pero todos exhiben al Estado, generan costos internacionales y colocan a México en el radar diplomático de Washington, Ottawa y organismos multilaterales.
3. Litigar la ejecución paso por paso
El SAT presume que, con la firmeza del crédito, puede arrasar. No. El Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) es largo, torpe y lleno de puntos débiles. Requerimientos, embargos, avalúos, intervenciones y remate: cada acto es un nuevo campo de batalla.
Salinas Pliego puede convertir cada paso en un litigio distinto, obligando a la autoridad a caminar sobre cristal, no a machetazos. La deuda no desaparece, pero sí la posibilidad de que el Estado avance sin frenos. En otras palabras: puede convertir el tiempo en estrategia.
4. Reordenar su emporio para sobrevivir
Separar unidades, blindar marcas, proteger propiedad intelectual, mover operaciones críticas, impedir que el embargo de una empresa paralice a todo el grupo. No es evasión: es defensa legítima frente a un Estado que usa la ley como arma.
¿Salinas Pliego, candidato presidencial?
En su intento por destruirlo, el gobierno quizá creó a un adversario político.
Su relato es simple y brutalmente eficaz: un Estado que te cobra cuando ganas, cuando compras, cuando ahorras, cuando tienes propiedad y hasta cuando mueres. El Estado total. Pero que además no garantiza ni la gobernabilidad ni la seguridad.
Eso conecta con jóvenes, emprendedores y clases medias hartas de financiar a un aparato que los desprecia y arruina.
Y es de tajo descartable una gran fantasía del obradorismo: que lo van a arruinar. No. Aun si el Estado toma su televisora, los activos intangibles —marcas, formatos, propiedad intelectual— pueden separarse, como hizo Azcárraga Jean o como ahora hace Latinus. Puede financiar, producir y distribuir contenido sin pedirle permiso al gobierno. Salinas puede perder plantas, pero no necesariamente influencia.
Próximamente en el Conversatorio en VIVO de Disidencia: Roberto Gil Zuarth, expresidente del Senado y exsecretario particular de Felipe Calderón. Martes 25, 20:00 hrs. Hazle tus propias preguntas.
No basta indignarse
El cobro a Salinas Pliego no es justicia fiscal: es botín político. Y si el Estado va a exprimir a un particular en nombre del país, el país tiene derecho a exigir transparencia absoluta sobre cada peso que se “recupere”.
Si no lo hacemos, habrán destruido instituciones, perseguido a un ciudadano y ejecutado un cobro abusivo para financiar clientelismo, propaganda y control político. Ese es el escándalo real: no que cobren, sino cómo destruyen para cobrar.
*Óscar Constantino es Doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y catedrático universitario. Consultor en políticas públicas, contratos, derecho constitucional, derecho de la información y derecho administrativo.
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