Vallarta o el doble vacío de justicia
El caso de Israel Vallarta fue una violación a la justicia por dos vías.
El caso de Israel Vallarta no encarna una victoria judicial, sino una doble tragedia: la del hombre que estuvo preso casi veinte años sin sentencia, y la de una sociedad que quizás ahora tiene a un secuestrador en libertad, porque el Estado destruyó toda posibilidad de saber la verdad.
La misma Suprema Corte que se presentaba como garante de los derechos humanos —y que en septiembre desaparecerá con la reforma que impone los tribunales del bienestar— pudo liberar a Vallarta hace varias décadas. No lo hizo.
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En 2013, esa Corte —la de Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar y compañía— resolvió el caso Florence Cassez. De ahí surgió una tesis contundente: cuando el proceso penal está viciado desde el origen, todo se invalida. Se trata del efecto corruptor de un proceso. Se necesitan tres elementos: una autoridad que actúa fuera de la ley, pruebas obtenidas por medios ilegales y una defensa imposibilitada para actuar. El caso de Vallarta cumplía con los tres. Pero a diferencia de Cassez, él no tuvo de su lado a una embajada foránea. Y la Corte decidió mirar hacia el otro lado de sus propios criterios.
Así que la justicia no llegó ahora…
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