¿Un gobierno ilegítimo?
La Constitución tiene mecanismos para castigar a quien la desobedece e incluso establece que el gobierno será juzgado y castigado si actúa contra sus principios. ¿Ya cruzó el régimen esa frontera?
Hace un año, escribí sobre los riesgos de establecer un gobierno contrario a los principios constitucionales. Sin embargo, ninguna de las conductas previas del obradorato se acercan al desacato y rebeldía cometidos a partir de junio de 2024. Desde la desobediencia cínica de los legisladores morenistas a las suspensiones dictadas por jueces federales contra la reforma judicial, hasta el desacato de López Obrador a la orden de no publicar esa enmienda en el Diario Oficial de la Federación, jamás un gobierno de la alternancia se había resistido expresamente y de forma sistemática a cumplir las resoluciones de los jueces de Amparo.
De hecho, la Corte había sido muy dura con los legisladores que en la última década no habían acatado suspensiones. Ese fue el caso del diputado jalisciense Gustavo Macías, que fue destituido en 2012 y consignado a un juez penal. Tuvo que firmar durante dos años en un centro penitenciario, hasta que fue exonerado.
Si el Máximo Tribunal ha actuado con ese rigor en casos así –donde ni siquiera hubo un desafío explícito a los tribunales–, ¿qué tendría que hacer la Corte con Ricardo Monreal, Adán Augusto López y López Obrador, que han manifestado su desobediencia insolente y rebeldía grosera a las decisiones judiciales?
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