Sheinbaum y el dilema de la soberanía fingida
Entre el discurso nacionalista y la cooperación silenciosa con Washington, la presidenta enfrenta un escenario donde cualquier acción la deja mal parada.
La relación entre México y Estados Unidos cambió con la detención de Nicolás Maduro. No sólo por el operativo en sí, sino por lo que Washington dejó por escrito antes y después de la incursión en Miraflores.
Un memorando del Departamento de Justicia sostuvo que el presidente de Estados Unidos no necesita autorización del Congreso para enviar fuerzas terrestres a otro país, aunque la operación viole el derecho internacional y tratados ratificados por su propio Senado. El mensaje fue brutal y transparente: cuando Estados Unidos define una amenaza estratégica, privilegia su derecho interno por encima de cualquier tratado. Actúa primero. Discute después.
Ese fue el telón de fondo de lo que vino después en la relación con México: alertas de viaje, amenazas de operaciones contra cárteles en territorio mexicano y una afirmación directa desde la Casa Blanca: la presidenta mexicana tiene miedo y no gobierna, porque mandan los cárteles. Sin diplomacia, sin eufemismos. El Trump puro y duro.
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Claudia Sheinbaum respondió al público con un lema que nadie se cree: habrá cooperación sin subordinación. Dijo oponerse a la entrada de militares estadounidenses, incluso en operaciones conjuntas. Defendió la soberanía y su versión selectiva de la Doctrina Estrada: no intervención y autodeterminación de los pueblos. Pero haga lo que haga, Sheinbaum está en problemas.
Cómo decide Estados Unidos usar la fuerza
Aquí conviene entender el marco real, no el discurso. Para el Ejecutivo estadounidense, el presidente —como comandante en jefe— puede ordenar operaciones militares sin autorización del Congreso siempre que no se trate de una “guerra” en sentido constitucional: es decir, que no haya ocupación territorial, conflicto prolongado ni despliegue indefinido de tropas.
Mientras la acción sea limitada en tiempo, alcance y objetivos, la Casa Blanca sostiene que no necesita luz verde legislativa. Esta doctrina no la inventó Trump: el Office of Legal Counsel la ha repetido por décadas y quedó sistematizada, por ejemplo, en el memorando sobre Libia en 2011. El texto usado para justificar la operación contra Maduro, fechado el 23 de diciembre de 2025, repite prácticamente el mismo razonamiento.
La Suprema Corte de Estados Unidos no ha bendecido esta teoría, pero tampoco la ha frenado. Los tribunales suelen decir que se trata de disputas políticas entre el Congreso y el Ejecutivo, y se hacen a un lado. Mientras el Congreso no bloquee con claridad —y siga aprobando presupuestos—, el presidente actúa. En términos prácticos Estados Unidos no pide permiso cuando cree que no lo necesita. Y casi nunca cree que lo necesita.





