Después del golpe de Estado judicial emprendido por el régimen obradorista, lo más fácil es perder toda esperanza en este infierno demagógico y patriotero. Los tribunales del bienestar y la Corte de simulaciones no garantizan libertad ni derecho alguno. Sin embargo, hay acciones que deben tomarse por si algún día se restaura la república.
Hoy los tribunales no son de justicia: son ventanillas de refrendo. Sirven para legitimar abusos, no para frenarlos. Basta ver la disculpa humillante impuesta a un ciudadano por criticar a Noroña, el castigo a la ciudadana Karla Estrella confirmado por el Tribunal Electoral, la persecución al empresario Arturo Castagné, o la censura a la libertad de expresión en Campeche y Puebla, o contra periodistas como Carlos Loret y Héctor de Mauleón. El poder ya no teme a los jueces: los maneja.
Por eso hay que mirar más lejos. Presentar casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no salvará a nadie en el corto plazo. El gobierno puede desacatar cualquier sentencia, y lo hará. Sobre todo en este nuevo orden mundial postliberal. Pero esas resoluciones serán pruebas plenas para el día después, cuando se aplique el artículo 136 constitucional.
Este artículo no es una carta de buenas intenciones: es la garantía de restauración del orden constitucional y de castigo a quienes lo rompieron. El artículo 136 de la Constitución básicamente establece que ésta nunca pierde vigencia, aun si un gobierno contrario a ella toma el poder. En cuanto el pueblo recupere su libertad, la Constitución vuelve a regir, y los responsables de la usurpación deben ser juzgados. Es una disposición poco citada, pero jurídicamente vigente y clave para un escenario de restauración institucional.
El ejemplo de Perú lo demuestra: el expresidente Alberto Fujimori fue juzgado por tribunales peruanos casi diez años después de su renuncia, por delitos como corrupción, desapariciones forzadas y asesinatos. Primero fue preso Chile y luego extraditado a Perú. Y fue posible porque todo estaba documentado.
En México, las resoluciones internacionales dejarían un registro indiscutible de las violaciones graves. Serían el marco de referencia para exigir extradiciones y condenas. Esa debe ser la estrategia: documentar cada abuso del régimen obradorista para el día en que la justicia vuelva a ser justicia.
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Los escépticos tienen razón en algo: este país rara vez castiga a sus gobernantes. Preferimos chivos expiatorios, como La Quina, Elba Esther Gordillo o Murillo Karam. Pero nunca habíamos tenido un régimen tan criminal, inepto y abusivo como el actual. Eso puede traer consecuencias de una escala desconocida e impredecible.
El régimen cree que controla el juego. No entiende que cada sentencia ilegítima, cada abuso con aval judicial dinamita el contrato social. El Estado de derecho es el acuerdo que evita que resolvamos conflictos a golpes. Si lo destruyen, no deberían sorprenderse cuando el país empiece a golpear de vuelta.
Otros recordarán que Sheinbaum tiene 80% de aprobación. Pero no sabemos si las encuestas son suficientes para sostener a un régimen autoritario ni cuánto tiempo. Estos caen cuando una minoría significativa pierde el miedo. No es necesario el hartazgo general. Y cada abuso refrendado por los jueces del bienestar es gasolina sobre la hoguera.
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El régimen celebra la reforma judicial como si fuera una victoria. Pero el poder absoluto siempre es inestable. No hay incentivos para que la gente tolere el autoritarismo sin freno. Cada abuso judicial acerca más el hartazgo social.
El régimen cree que controla a los jueces. En realidad está demoliendo el último dique que contiene la violencia política. Acudir a las instancias internacionales no es una estrategia de corto plazo. Es inversión para el futuro. Las resoluciones y sentencias internacionales serán el expediente con el que se les juzgue cuando caiga el régimen. Ese día, el artículo 136 no será un texto olvidado, sino la herramienta para restablecer el orden que hoy están destruyendo.
Gran columna con la que coincido por completo.