Roxana Guzmán y la lección de Guatemala
Cuando escribimos sobre este caso, la periodista había sido secuestrada. Hoy todo indica que fue presuntamente asesinada por policías. Y en la CODA: ¿venció el plazo para entregar a Rocha Moya?
Hace unas semanas comentamos en Disidencia el caso de Roxana Guzmán y la falla estructural del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Señalamos que ese sistema está diseñado para reaccionar cuando la víctima ya identificó el riesgo, no para detectarlo antes. Roxana nunca solicitó protección. El mecanismo nunca la identificó. Y cuando un comando armado irrumpió en su domicilio de Nanchital, Veracruz, el 2 de junio, no había nadie que pudiera detenerlo.
Esta semana el caso dio un giro todavía más grave. José del Carmen “N”, alias Delta 7, comandante de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, fue detenido como presunto responsable del secuestro y asesinato, junto con tres policías bajo su mando. Si actuaron por cuenta propia o siguiendo órdenes superiores es algo que la investigación aún deberá esclarecer. Lo que ya no admite discusión es que los policías no fueron espectadores sino presuntos partícipes.
El contrato que se rompió
Existe una explicación muy aceptada de por qué las sociedades aceptamos vivir bajo un Estado. Los ciudadanos pagamos impuestos, obedecemos las leyes y cedemos parte de nuestra libertad a cambio de una garantía mínima de seguridad.
Pero cuando el Estado no sólo es incapaz de ofrecer esa protección, sino que sus propios policías secuestran y asesinan ciudadanos, ese pacto elemental deja de existir y se rompe. Hay un criminal con credenciales oficiales.
Una cosa es tener políticos corruptos. Otra muy distinta es tener corporaciones policiales que operan como brazos armados del crimen organizado. La primera es una patología del sistema. La segunda representa la destrucción del sistema mismo.
La solución que existe y no aceptará el régimen
Intervenir corporaciones policiales con mandos locales difícilmente resolvería el problema si la infiltración criminal alcanza también a instituciones federales. Sólo cambiaría delincuentes locales por nacionales.
Existe, sin embargo, un modelo que produjo resultados.
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