El pasado 19 de abril, un operativo en Chihuahua desmanteló dos narcolaboratorios. Murieron el titular de la Agencia Estatal de Investigación y dos agentes de la CIA cuya presencia confirmó después el propio gobierno federal. El resultado fue el golpe más visible contra infraestructura industrial del narcotráfico en años recientes. El problema para el régimen fue quién se llevó el crédito: una gobernadora panista y agencias estadounidenses.
La reacción del oficialismo lo dijo todo. Senadores de Morena acusaron a la gobernadora Maru Campos de traición a la patria. La FGR abrió una investigación. El fiscal de Chihuahua renunció bajo presión. Dos semanas después, el 29 de abril, Washington respondió con el indictment contra los Diez de Sinaloa, incluido Rocha Moya.
El delito que no aplica
El artículo 123° del Código Penal Federal castiga con hasta cuarenta años de prisión a quien realice actos contra la independencia o soberanía de México para favorecer a un gobierno extranjero, o coopere con uno de forma que perjudique al país. La inconveniencia para el régimen es bastante simple: ninguna parte del artículo describe lo que hizo Maru Campos.
Cooperar con agencias estadounidenses para desmantelar un narcolaboratorio no equivale a entregar territorio, someter al país ni actuar contra la soberanía nacional. Para sostener esa acusación, la FGR tendría que defender una idea bastante difícil de vender: que combatir al narcotráfico con apoyo extranjero perjudica a México. El argumento prácticamente se derrumba solo.
Las rutas disponibles
El régimen tiene tres caminos, y ninguno es cómodo:
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