¿Qué se puede esperar del juicio del general Mérida?
Que el general negocie ser testigo protegido o una reducción de pena es algo obvio. Lo novedoso es que, gracias a lo que aporte, Estados Unidos pueda tener el mapa completo del problema mexicano.
El lunes compareció ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Estados Unidos lo acusa de recibir $100 mil dólares mensuales en sobornos de “los Chapitos” a cambio de protección institucional. Los cargos suman una posible cadena perpetua.
La audiencia de ayer es una conferencia preliminar. La pregunta relevante no es qué ocurrió en la sala, sino qué significa que Mérida haya llegado hasta ella.
El primero de los Diez de Sinaloa
Mérida forma parte del expediente S9 23 Cr. 180: diez funcionarios sinaloenses acusados de conspirar con “los Chapitos” para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína y cocaína hacia Estados Unidos. El expediente incluye a Rocha Moya, al senador morenista Enrique Inzunza y al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
De los diez, Mérida fue el primero en presentarse ante la justicia estadounidense. Tenía un amparo. No fue extraditado. Se entregó voluntariamente en Arizona el 11 de mayo. Se declaró no culpable el 15. Aceptó una defensora pública. Y la jueza informó que la evidencia de la fiscalía es tan extensa que la defensa necesitará al menos sesenta días para revisarla.
La fiscalía y la defensa solicitaron además suspender conjuntamente los plazos de lo que se conoce como la “Ley de Juicio Rápido”, con el objetivo de facilitar conversaciones previas al juicio. Cuando eso ocurre —cuando el acusado y el gobierno frenan juntos el reloj para conversar—, rara vez se están preparando para una batalla total ante un jurado, sino para negociar.
Dependiendo de lo que revele Mérida, puede obtener una reducción sustancial de pena o algo mejor. Eso dependerá de la calidad de la información que aporte y de los superiores que exponga con ella.
El perfil que cambia la dimensión del caso
Apelo a tu sentido común, querido lector.
Gerardo Mérida no es un funcionario de segundo nivel que cayó en la red por accidente, sino un general de división con formación en inteligencia militar.
No llegó al gobierno de Sinaloa por decisión de Rocha Moya: su nombramiento fue ordenado por López Obrador y sugerido por la Secretaría de la Defensa Nacional. Su presencia en Sinaloa no fue un capricho local, sino una decisión institucional tomada en los niveles más altos del Ejército mexicano.
Y ese general, teniendo un amparo activo que le permitía quedarse en México protegido legalmente, decidió cruzar la frontera y entregarse voluntariamente.
Eso no se hace solo ni se improvisa. Alguien lo asesoró, lo apoyó logísticamente para salir del país con un amparo vigente y, muy probablemente, negoció las condiciones de su llegada antes de que pisara suelo americano. Las preguntas que este caso no ha respondido son esas: ¿Quién lo apoyó? ¿A quién lo consultó? ¿Quién dentro de las fuerzas armadas sabía que esto iba a ocurrir?
Y luego está la pregunta más difícil para el régimen obradorista:
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