¿Puede el régimen encarcelar o destituir a Maru Campos?
La respuesta corta es no. Y la respuesta larga explica por qué intentarlo podría salirle muy caro.
Desde que el gobierno federal abrió investigaciones contra la gobernadora de Chihuahua, circula una idea presentada casi como hecho consumado: que el régimen ya tiene la ruta para sacarla de la escena. Bastaría un juicio político, un desafuero, alguna maniobra federal.
El problema es que la Constitución mexicana no funciona así. Y el propio citatorio que la FGR le envió a Maru Campos ya viola la ley.
Lo que dice la ley y lo que hizo la FGR
El artículo 111 constitucional establece que los gobernadores en funciones gozan de fuero: no pueden ser detenidos ni sometidos a proceso penal sin que primero se les retire esa protección mediante una declaración de procedencia del Congreso federal. El artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales refuerza esa protección: un gobernador no puede ser citado a comparecer personalmente ante una fiscalía como si fuera un ciudadano común.
La FGR citó a Maru Campos exactamente así. Sabía que violaba esos preceptos y los ignoró de todas formas.
Eso no es un descuido procesal sino un mensaje político disfrazado de acto jurídico: la federación va a presionar a un gobierno local opositor aunque tenga que atropellar el marco constitucional para hacerlo.
Las dos vías que sí existen y sus límites
Para proceder legalmente contra una gobernadora en funciones existen dos rutas:
La primera es el desafuero, técnicamente llamado declaración de procedencia…
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