Puebla, laboratorio del autoritarismo
La Ley Mordaza como experimento nacional. Escribe Óscar Constantino.
No es una ley, es una advertencia
La llamada “Ley Censura” de Puebla —una reforma al Código Penal para castigar con cárcel a quienes insulten u ofendan por medios digitales— no pretende aplicarse de inmediato ni llenar las cárceles de tuiteros. Su propósito es otro: medir la temperatura del agua antes de sumergir al país entero. Es un globo de ensayo, una táctica para medir la tolerancia social a la mordaza legal.
La fórmula es tan genérica que rompe con los principios del derecho penal: se castiga a quien insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional. ¿Cómo medirán esa insistencia necesaria o ese daño en la integridad emocional? Misterio.
No es casualidad que venga de legisladores al servicio de Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, aficionado a simular grandeza mientras ensaya autoritarismos burdos. Recordemos hace poco su intento de despojar a particulares de terrenos con amenaza de expropiación, del que echó reversa sólo tras el repudio público.
El procedimiento es ya conocido: desde el gobierno se lanza una iniciativa abusiva, se deja que escale la reacción, y luego se da marcha atrás con aires de estadista magnánimo que “escucha al pueblo”. Pero el precedente ya quedó plantado, el terreno tanteado y la resistencia, desgastada. La censura, cuando se normaliza, no necesita aplicarse: basta con que se instale como amenaza.
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La regresión como método
A primera vista, la ley parece una torpeza local. Pero el daño no está sólo en su eventual aplicación —que sería gravísima— sino en el principio que establece: el de la regresión de los derechos, presentada como regulación del orden público.
El sistema constitucional mexicano prohíbe que los derechos humanos retrocedan. La libertad de expresión no admite marcha atrás, por mecanismo alguno. Pero el régimen ha perfeccionado el arte de la simulación: convierte foros en montajes de democracia y consultas en coartadas para imponer el retroceso.
Armenta ya anunció un “análisis social” de la ley, como si los derechos fundamentales dependieran de sondeos. No la cancelará: simplemente diluirá el escándalo, maquillará el texto y lo presentará luego como producto del consenso. Es el método habitual: tensar la cuerda, retroceder un paso y avanzar dos.
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