¿México está obligado a extraditar a Rocha Moya?
La respuesta corta es no. Y ese es exactamente el problema.
¿Por qué no es obligatorio?
El tratado de extradición entre México y Estados Unidos establece en su artículo 9° una regla clave:
Ninguna de las partes está obligada a entregar a sus propios nacionales.
Pueden hacerlo, pero no tienen que hacerlo.
Rocha Moya es mexicano. Eso le da al gobierno de Sheinbaum una salida jurídica real.
El artículo 3° agrega otra condición:
La extradición sólo procede si las pruebas son suficientes conforme a las leyes mexicanas, como si el delito hubiera sido cometido aquí.
En términos simples: un juez mexicano puede revisar el expediente y concluir que no alcanza ese estándar. La FGR ya utilizó ese argumento para negar la detención provisional del propio Rocha Moya. No es una anomalía, es lo que permite el tratado.
Lo que suceda con Rocha Moya no tiene una sola solución jurídica. Hay al menos tres caminos distintos, y ninguno es cómodo.
Tres supuestos que pueden darse en la práctica
El primero: un juez mexicano revisa la solicitud de extradición y determina que las pruebas no son suficientes. Resultado: el gobierno no extradita y tampoco juzga. Rocha queda libre dentro de México, sin cargos formales en ningún lado y se sale con la suya, pero México queda en una zona difícil de defender: presume rigor jurídico pero en realidad es simulación.
El segundo: México rechaza la extradición pero sí lo juzga aquí. El problema no es abrir el proceso, sino hacerlo creíble. Un juicio conducido por autoridades que forman parte del mismo sistema político que Rocha ayudó a construir tiene un desenlace previsible. El antecedente de Cienfuegos —quien Estados Unidos devolvió a México para ser juzgado y éste no hizo nada— sigue demasiado fresco.
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