Manual práctico contra la censura institucional
¿Qué puedes hacer frente a la próxima censura del régimen?
Los nuevos lineamientos para proteger los “derechos de las audiencias” son otro paso más del régimen para censurar las críticas. Con la captura de los tribunales y la destrucción del amparo, las vías legales para combatir los lineamientos son poco factibles. Sin embargo, los ciudadanos pueden defenderse con estrategias y tácticas que se resumen en cuatro acciones: resistir, protestar, criticar y rechazar.
Un poco de contexto
El gobierno federal abrió una consulta pública sobre nuevos “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”, elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) —el organismo que sustituyó al IFT y que, a diferencia de aquel, no es autónomo y depende de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, adscrita a la presidencia—.
El proyecto obligaría a los medios electrónicos a distinguir entre noticias, opiniones y publicidad, designar un defensor de las audiencias y adoptar un código de ética, con multas para quienes incumplan.
Legisladores de oposición y expertos señalaron que varias disposiciones son tan amplias que dejan a la autoridad interpretar a discreción qué contenidos tolera, y diversos sectores de oposición y prensa han bautizado la iniciativa como “Ley Censura” o “Ley Mordaza”.
El anteproyecto llega, además, en momento de cifras récord de agresiones contra periodistas: el informe “Estructuras del silencio” de Artículo 19 documentó 451 agresiones contra periodistas durante 2025, una cada 19 horas.
El problema
El régimen alega que las personas tienen derecho a la información veraz: la facultad de comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Y es cierto. El problema está en qué es veraz y quién debe evaluar si algo es verdadero o no. Y eso es precisamente lo que quiere hacer el gobierno, pero no le corresponde.
El ejercicio de un derecho fundamental, como el de la información, no está sujeto a la voluntad del gobierno, primero porque no existen verdades absolutas y segundo, más importante en la práctica, porque la verdad legal —una de muchas verdades que existen— se define mediante el debido proceso de ley: se presentan pruebas y argumentos por las partes ante un juez imparcial y se llega a una conclusión.
Una agencia administrativa como la CRT no puede realizar esa función, sobre todo porque el Ejecutivo no es imparcial: tiene un interés concreto en que la información que lo exhibe o critica no sea de conocimiento del público.
Por tanto, el problema principal de estos lineamientos es que el gobierno sea juez y parte: que quiera decidir qué se difunde y qué no. Detrás de toda la metodología de separar información de opinión y tener defensores de las audiencias se encuentra un mecanismo para que el Estado censure lo que le incomoda, bajo el argumento de que no es verdad y que las audiencias tienen derecho a la información verdadera.
Legalmente el asunto está perdido: el amparo fue reformado para limitar su efectividad, los tribunales están capturados por el Ejecutivo y presentar quejas en la Comisión Interamericana es un proceso complejo y lento. Por tanto, las vías ciudadanas de defensa están en la táctica y estrategia, no en el típico proceso judicial.
Qué hacer
Dejo una lista mínima de soluciones prácticas, creativas, para enfrentar este problema, consciente de que son limitadas:
En la siguiente parte del artículo, Óscar Constantino le da a los ciudadanos herramientas prácticas para darle la vuelta a la censura. Disidencia se sostiene sólo de sus lectores de paga. Si te gusta el proyecto, suscríbete:
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