La voluntad de silenciar
El régimen no se sacia con el control de los patrimonios: también quiere controlar las palabras.
El poder no se conforma con gobernar (entre comillas): también pretende decidir quién habla y qué puede decirse. El régimen actual, fiel a la peor tradición autoritaria, lo intenta otra vez.
La Ley de Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones introduce una definición que convierte cualquier expresión o intercambio digital en un objetivo de regulación:
Plataforma digital: servicio digital que permite, entre otros, ofrecer, proveer, comercializar o intermediar bienes, servicios, aplicaciones, productos o contenidos.
Así, todo cabe: desde una tienda de artesanías y un foro de vecinos hasta nuestro propio Substack.
A la nueva Agencia de Transformación Digital se le otorgarían facultades para bloquear plataformas “por incumplimiento de disposiciones u obligaciones aplicables”, lo que significa que cualquier emprendimiento digital puede ser suspendido, bloqueado o extorsionado, si el gobierno encuentra un pretexto, incluso tan burdo como un adeudo fiscal.
Claudia Sheinbaum justifica esta reforma diciendo que debe “recuperar atribuciones”: las mismas que le fueron retiradas al Ejecutivo central para impedir abusos. Pero el régimen no sólo busca someter a las plataformas digitales: pretende controlar la radio, la televisión, la publicidad y hasta las opiniones privadas, definiendo qué es verdad y quién puede difundirla.
Sus ambiciones no terminan ahí. Quiere tener el poder de otorgar y revocar concesiones, autorizar contenidos y supervisar anuncios publicitarios. Todo este poder sería concentrado en José Merino, un funcionario opaco y sin contrapesos con un historial oscuro de errores, crímenes y negligencia. ¿Qué podría salir mal? Todo.
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