Esta semana el gobierno expulsó por la puerta de atrás a 26 presuntos criminales a Estados Unidos para ser sentenciados allá. Es la segunda vez, después de que en febrero mandó a 29, incluido al famoso Caro Quintero. No son extradiciones que sigan el típico proceso legal en las cortes sino parte de un nuevo acuerdo informal bajo presión de Trump en el que el Estado mexicano cede su potestad con el pretexto de la seguridad nacional.
Mientras los abogados debaten sobre la legalidad y riesgos de semejante antecedente —por ejemplo, que cualquier ciudadano es ahora vulnerable de ser secuestrado y exiliado sin posibilidad de defensa—, uno de esos personajes, según filtraciones periodísticas, es ni más ni menos que Servando Gómez “la Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios.
Hay otros expulsados importantes, como Abigael González “el Cuini”, exjefe financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero, además de que se cumplen exactamente diez años de la aprensión de “la Tuta”, él merece un cometario aparte. Los mismos diez años son representativos no sólo porque su arresto per se es memorable y encierra su propio mensaje sino porque en ese lapso se nos fue el país de las manos.
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