La distopía judicial del régimen obradorista

¿Quién defendería a las minorías –es decir, a usted y a mí– bajo la sombra del ‘Plan C’? Escribe Óscar Constantino.

Hagamos un ejercicio de imaginación. Visualicemos cómo sería la administración de la justicia en México si el régimen obradorista pudiera realizar el ‘Plan C’ de reformas a la Constitución y someter a los jueces y magistrados a voto popular.

Supongamos que unos empresarios reciben una determinación del SAT. Según el órgano de la Secretaría de Hacienda, estas personas deben mucho dinero por impuestos que no han pagado. En el México anterior al ‘Plan C’, estos emprendedores habrían acudido a los tribunales administrativos, donde usualmente le habrían dado la razón al gobierno y, después de ello, los empresarios habrían interpuesto amparos que serían resueltos por tribunales del Poder Judicial de la Federación. En este último espacio se decidiría el caso a favor de quien estuviera en lo correcto. Pero en la distopía obradorista, los más de 1650 jueces que habrían atendido estos asuntos con imparcialidad e independencia de otros poderes, ya no existirían: habrían sido despedidos y sustituidos por personas electas mediante voto popular, gente que trabajaba en los poderes Ejecutivo o Legislativo, militantes del partido oficial y, en general, personas que nunca redactaron ya no se diga un proyecto de sentencia sino un mero contrato de alquiler, como la ministra Lenia Batres.

Debajo de la toga, todos los juzgadores serían acólitos convencidos de la ideología oficialista, todos estarían alineados al mismo lado, el de colaborar con el proyecto obradorista de país: el mandato sería no estorbar, no ejercer contrapeso alguno. Aquellos jueces federales que antes habrían sentenciado a favor de quien tuviera el derecho y la razón, ya no existirían; ahora confirmarían por sistema todas las sentencias de los tribunales administrativos que beneficiaran al Ejecutivo. Las cortes pasarían de resolver imparcialmente conflictos de derechos e intereses conforme a la Constitución, a ser ventanillas de refrendo de las decisiones de la Presidencia o el Congreso, también supeditado a los deseos del Ejecutivo.