La concesión de Graue y la guerra jurídica popular
Cómo el régimen obradorista utiliza el concepto de lawfare para ejercer su despotismo y por qué la UNAM desaprovechó la oportunidad de sentar un precedente de valentía.
El régimen mexicano se ha apropiado de la palabra lawfare, o guerra jurídica, para victimizarse cada vez que alguien impugna sus abusos.
En el ámbito de la política, lawfare es el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político.
Si un ciudadano promueve un amparo para defender sus derechos, es un golpista. Si un periodista exhibe corrupción, es parte de una conspiración. Pero cuando el régimen usa el aparato judicial para perseguir a críticos y proteger a sus aliados, entonces, según ellos, es justicia.
En pocas palabras, es el propio régimen el que practica el lawfare.
En el caso del obradorismo no olvidemos, además, que alega hacer este tipo de justicia en nombre del pueblo, por lo que los acusados se vuelven enemigos populares.
El caso más reciente de este doble rasero es la condena contra el exrector de la UNAM, Enrique Graue, y el exdirector de la FES Aragón, Fernando Macedo Chagolla. Una juez de la Ciudad de México les ordenó pagar 15 millones de pesos a Martha Rodríguez, asesora de la “tesis” de Yasmín Esquivel, la ministra acusada de plagio. ¿La razón? Supuestamente, haber dañado su honor al divulgar que facilitó la copia de una tesis.
Cuando la justicia se convierte en herramienta política
La historia es realmente grotesca: la UNAM detectó que la tesis de licenciatura de Esquivel era prácticamente idéntica a otra presentada un año antes.
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