La carretera México-Puebla llevaba, hasta el momento de escribir estas líneas, 40 horas secuestrada por unos ejidatarios que se dicen agraviados por una expropiación del gobierno ocurrida hace décadas, tomando a la ciudadanía como rehén para exigir su desagravio. En realidad, el gobierno pagó la indemnización correspondiente en su momento, pero presuntamente fue el propio comisario ejidal –ya prófugo– quien se robó el dinero como en una novela de Ibargüengoitia.
Al gobierno inerte le tuvo sin cuidado la ciudadanía atrapada, entre la cual había señoras de la tercera edad, enfermos de diabetes con urgencia de insulina, bebés, trabajadores, transportistas de perecederos, etc. El presidente dijo en su homilía matutina lo previsible, lo de siempre: que se trataba de un plan urdido por abogados oscuros para sacar raja de su gobierno crepuscular y se lavó las manos olímpicamente, a pesar de que bloquear una carretera federal atenta contra la ley y contra una de las libertades políticas más esenciales de nuestra mal llamada república: la libre movilidad.
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