Fracking, la herejía neoliberal de Sheinbaum
No necesita cambiar la Constitución, le basta usar la ley que dejó abierta mientras lo condenaba.
Durante años, el obradorismo convirtió el fracking en símbolo del mal: depredación ambiental, traición a la soberanía, concesión al capital extranjero. Hoy, Claudia Sheinbaum matiza: ya no habla de prohibirlo, sino de “nuevas técnicas”, “menos agresivas”, “con menor impacto”. Aunque lo niegue, es un giro respecto a la política energética de López Obrador, uno que irrita a ambientalistas y a la línea dura del régimen.
El fracking —fractura hidráulica— es una técnica para extraer petróleo y gas atrapados en roca compacta, sobre todo de tipo shale. A diferencia de los yacimientos convencionales, donde el hidrocarburo fluye con facilidad, aquí está disperso en microfracturas. Para liberarlo, se perfora en vertical y luego en horizontal, y se inyecta a alta presión una mezcla de agua, arena y químicos que rompe la roca y permite que los hidrocarburos fluyan hacia el pozo.
Esta técnica es la base de la revolución energética de Estados Unidos en las últimas dos décadas. Sin fracking, ese país no sería el mayor productor mundial. Con él, pasó de la escasez relativa a la abundancia.
Ya en el Podcast: La renegociación del T-MEC y la oportunidad perdida. Con Ana Lilia Moreno.
México tiene recursos similares, sobre todo en el norte. Pero no es una solución mágica. En el mejor escenario, mitigaría la dependencia de gas natural importado, no resolvería el déficit de petróleo ni de gasolinas.
Hoy el país consume cerca de 9 mil millones de pies cúbicos diarios de gas, produce apenas una fracción e importa el resto. Ese insumo alimenta plantas eléctricas, industria y buena parte de la economía.
Incluso si aumentara la extracción de crudo, el problema estructural seguiría intacto: México no refina lo suficiente para cubrir su demanda interna. Más producción no se traduce automáticamente en más gasolina disponible. Por eso el país sigue importando grandes volúmenes de petrolíferos (1.2 millones de barriles diarios, en 2024). El fracking puede aliviar parte de la dependencia energética, pero no corrige un sistema deficiente como el mexicano.
Además, no es inmediato. Desarrollar yacimientos no convencionales requiere inversión intensiva, tecnología especializada y experiencia operativa que Pemex no tiene por sí sola. Los propios escenarios de la empresa ubican impactos relevantes hacia el final de la década, no mañana.
Y debo puntualizar algo: no hay una prohibición constitucional al fracking.
El artículo 27 establece que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y prohíbe concesiones, pero permite que la exploración y extracción se realicen mediante asignaciones a empresas del Estado o contratos con éstas o con particulares. La reforma de 2024 no cerró esa puerta, sino que la reordenó bajo la lógica de prevalencia estatal, pero mantuvo intacta la posibilidad de contratar establecida durante el gobierno de Peña Nieto.
La legislación secundaria de 2025 fue todavía más explícita. Permite asignaciones para desarrollo mixto cuando la empresa pública requiera capacidades técnicas, operativas o financieras adicionales y abre la participación a privados bajo esquemas contractuales.
En términos simples: el gobierno puede sostener el discurso de soberanía y, al mismo tiempo, incorporar capital y tecnología privada sin llamarlo privatización. El mecanismo ya existe. No necesita inventarlo. Sólo requiere más cinismo en la mezcla.
La razón del giro no es ideológica, sino material. México depende de Estados Unidos para este insumo estratégico. La autosuficiencia energética que el gobierno repite como consigna choca con ese dato. El fracking aparece entonces como una salida parcial y pragmática.
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