El "Plan C" ya operaba de facto

Es difícil exagerar la gravedad de las “respetuosas intervenciones” del gobierno obradorista con Arturo Zaldívar. Escribe Óscar Constantino.

El propio López Obrador confesó en su mañanera que habitualmente hablaba con el ministro presidente de la Corte Suprema Arturo Zaldívar y este, a su vez, hablaba con el juez del asunto para atender los reclamos del presidente.

La corrupción política.

Que un presidente de la República le “tire línea” a la cabeza de la Corte para que este presione a jueces es un acto de gravísima corrupción política, como lo fue el caso Watergate que le costó el cargo a Richard Nixon. Más aún, es un acto de traición a la República. La división de poderes no es una amable recomendación, es una de las dos columnas en las que descansan el Estado de derecho y la democracia constitucional. Si el Ejecutivo puede imponer el sentido de las sentencias, de nada sirve tener leyes, elecciones y cartas de derechos. Su poder es el de un rey al que se le satisfacen sus caprichos. Si el jefe de la Corte Suprema sirve de ayudante en la satisfacción de esos gustos, el agravio es doble, porque la traición viene de dentro de casa.

El “Plan C”: gatopardismo constitucional.

Dando por buena la confesión del propio presidente, resultaría que el “Plan C” estuvo operando de facto durante los primeros cuatro años del obradorato y que las últimas iniciativas presidenciales no son otra cosa que el intento de formalizar lo que se hacía tras bambalinas y que ya no puede realizarse porque la Corte ahora es presidida por una jueza con dignidad e independencia que no se somete a los deseos del Ejecutivo.

El corazón del “Plan C” es la destrucción de la división de poderes. Esto es: que el Congreso y los tribunales sean subordinados del Ejecutivo. Zaldívar le regaló al presidente esa condición al convertirse en su siervo, cuando constitucionalmente es su igual. El “Plan C” formalizado implicaría un modelo en el que los derechos desaparecen para convertirse en graciosas concesiones del capricho del presidente de la República, un absolutismo de bolsillo.

¿Imbecilidad o extrema malicia?