Defenderse legalmente en tiempos de la nueva autocracia
¿Cómo defenderse una vez que el régimen obradorista capture el Poder Judicial? Óscar Constantino imagina algunas alternativas para el ciudadano.
En este espacio ya habíamos planteado distintos escenarios si el régimen obradorista ganaba las elecciones. Ocurrió el peor de todos: el poder absoluto. Para nadie es un secreto que la calidad del Estado de derecho en México es muy baja, pero acaba de hacerse peor: pase lo que pase en septiembre, haya o no reforma judicial, la Suprema Corte ya no podrá proteger a los ciudadanos como antes y, si se concreta la elección de jueces por voto popular, El proceso de Kafka será un cuento de hadas en comparación con lo que le espera a cualquiera que tenga que ir a tribunales.
La pregunta central de la que hoy le ofrezco respuestas es cómo se podrá usted defender en un entorno donde el Estado siempre resolverá las controversias con criterios políticos, no jurídicos. ¿Qué le pasará a usted si algún miembro del politburó quiere desquitarse de alguna crítica o cuestionamiento que haya hecho en redes sociales? Idéntico cuestionamiento se tendrían que hacer los comentaristas que en televisión, radio, prensa y medios electrónicos han señalado alguna deficiencia del poder. Incluso las personas de a pie –particularmente los empresarios–, que no tuitean, no opinan en medios y que hacen una vida normal, tendrían que cuestionarse cómo defenderse de un funcionario abusivo, porque, le insisto: los jueces ya no serán imparciales, serán iguales a un diputado, pero firmando sentencias.
Le ofrezco dos soluciones. Las llamaremos, por motivos de brevedad, a) justicia privada; y b) justicia internacional.
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Empecemos por la privada. No es la primera vez en la historia del mundo que la gente desconfía de los jueces del Estado. De hecho, la justicia mercantil se inventó porque los comerciantes estaban hartos de perder el tiempo en cortes civiles, llenas de formalismos, lentas y poco prácticas. Seguramente las cámaras empresariales recomendarán a sus afiliados que sujeten todas sus transacciones a mediación, arbitraje o mecanismos de resolución alternativa de controversias. En español: en lugar de ir al juzgado, las partes de un negocio pactan desde el principio que, si hay algún conflicto, una persona designada por las dos decida sobre el asunto. Esta vía no cancela totalmente la intervención del Estado, pero quienes marrulleramente primero acuerden ir con un árbitro y luego acudan a un juez, seguramente serán vetados en negocios futuros. Le recuerdo: esta solución sirve exclusivamente entre particulares. Si hay cuestiones de orden público, o el gobierno es uno de los contendientes, este mecanismo no es el adecuado.
Pasemos entonces a la segunda solución. Imagine que el gobierno le determina un adeudo fiscal, le impone una multa, le clausura un negocio o le echa encima a la fiscalía. Aquí la vía es difícil, dura e intensa: hay que pasar por el trago amargo de los tribunales nacionales y, una vez agotadas las instancias mexicanas, acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para después llevar los casos a la Corte Interamericana. A pesar de las previsibles bravatas, el régimen no puede darse el lujo de ignorar las órdenes de los tribunales internacionales así a la ligera. Hay que recordar que hasta la expropiación petrolera tuvo que pasar por tribunales internacionales, para indemnizar a los expropiados. Obviamente, esta ruta será muy costosa, pero es mejor que acatar y resignarse.
“Pase lo que pase en septiembre, haya o no reforma judicial, la Suprema Corte ya no podrá proteger a los ciudadanos como antes.”
Así, asociarse en los negocios con canadienses, estadounidenses y europeos será una muy buena idea. Si bien los extranjeros están obligados a someterse a las leyes mexicanas, los tratados de libre comercio suelen tener sus propios mecanismos de solución de controversias y las prácticas irregulares o discriminatorias del gobierno mexicano serán decididas en procedimientos donde no participen jueces mexicanos.
En suma, sí habrá cómo defenderse en los tiempos de la nueva autocracia, pero se necesitará más inteligencia, esfuerzo y cuidado. Seguramente las inversiones eludirán los espacios controlados por los gobiernos obradoristas y esa también es una buena oportunidad para que los gobiernos locales mejoren el entorno para hacer negocios dentro de los límites de las leyes federales, pero ese es un tema para otro texto.
No olvidemos, por último, los recursos en el viejo régimen priista: las palancas, los contactos, el primo y el hermano. Sería buena idea ir identificando a familiares y amigos dentro del politburó. Quienes querían hacer más pública la justicia, irónicamente la acabarán privatizando.
*Óscar Constantino es Doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y catedrático universitario. Consultor en políticas públicas, contratos, derecho constitucional, derecho de la información y derecho administrativo.
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