Caso Castagné: el ciudadano como enemigo
El empresario Arturo Castagné documentó durante años el enriquecimiento ilícito de Rocío Nahle. Pero cuando se atrevió a denunciarla, el régimen y su nuevo aparato judicial hicieron un ejemplo de él.
El mensaje es claro: si te atreves a denunciar la corrupción, el régimen caerá sobre ti con toda la fuerza del Estado. El empresario Arturo Castagné Couturier se convirtió en el último blanco de un aparato gubernamental que ya no disimula su voluntad de aplastar cualquier disidencia. Su pecado fue señalar lo obvio: el inexplicable enriquecimiento de la zacatecana Rocío Nahle, hoy gobernadora de Veracruz. El castigo: una sentencia en rebeldía, sin audiencia, sin defensa, que lo obliga a pagar 14 millones de pesos por “daño moral” y “violencia política de género”.
El caso es paradigmático. No estamos ante un mero litigio civil, sino un mensaje político disfrazado de proceso judicial. La clase dirigente ha decidido que la rendición de cuentas es anticuada, que los ciudadanos críticos son enemigos. Es la reacción de un régimen que no tolera la insolencia de quien se atreva a cuestionarlo, que no usa la razón del Derecho, sino la razón de Estado.
Este tipo de sentencia no es más que la venganza de una clase gobernante que repudió la transición democrática de 2000 a 2018, cuando la justicia, la auscultación de lo público, la transparencia y la rendición de cuentas eran la orientación. Durante esos años, la democracia mexicana trató de hacer a los políticos responsables ante la sociedad, implementando controles independientes del Poder Ejecutivo. No se completó el trabajo, pero la brújula apuntaba hacia allá. Hoy, el mensaje ha cambiado: los ciudadanos deben someterse, callar y pagar el precio de su insolencia si osan criticar al poder o exigir explicaciones.
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El derecho constitucional del enemigo
El caso Castagné recuerda al derecho penal del enemigo que describió el jurista alemán Günther Jakobs. Según esta doctrina, quienes desafían el orden establecido pierden su condición de ciudadanos y se convierten en “no-personas” a las que se les pueden aplicar todos los medios de represión sin límite alguno. Tradicionalmente, este concepto se ha aplicado al terrorismo y al crimen organizado. En México, el enemigo ahora es el ciudadano, no los asesinos y narcos que reciben abrazos del gobierno. Castagné no es un criminal ni un terrorista, pero se atrevió a denunciar a una política poderosa, y eso basta para que el Estado lo persiga con todo su peso.
El régimen obradorista ha creado así su propio derecho constitucional del enemigo. Y el enemigo es el particular que critica al poder o exige que los políticos rindan cuentas. En los hechos, el gobierno ha convertido a los ciudadanos en súbditos.
Una farsa judicial
El proceso contra Castagné es una aberración jurídica que recuerda a los juicios políticos de los regímenes más autoritarios. Fue condenado en rebeldía, sin posibilidad de defenderse, en un asunto notoriamente público.
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