Ayuda a Cuba, peculado disfrazado de diplomacia
México ya sostiene a la dictadura cubana sin ningún control presupuestal.
En un mes, México envió a Cuba 39 embarques de gasolina por más de 850 millones de dólares, más que en los dos años previos. También destinó 22 millones a imprimir libros de texto para la isla, mientras dentro del país se recortan servicios médicos y órganos autónomos “por austeridad”. No es sólo un despropósito económico: estas dádivas carecen de sustento legal y podrían configurar un delito.
El presupuesto mexicano tiene zonas grises. Cierto: la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permite transferencias entre partidas donde algunas clasificaciones amplias —como “cooperación internacional”— pueden servir como paraguas legal.
Pero esas flexibilidades no tienen rango constitucional. Y si lo que permiten es ejercer gasto público sin transparencia, sin programación, sin rendición de cuentas, entonces deben considerarse inconstitucionales.
La Constitución es clara: ningún gasto puede realizarse si no está previsto en el presupuesto o autorizado por una ley posterior (artículo 126). Además, todo recurso debe usarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez (artículo 134).
El gasto público debe ser programático: necesita no sólo una partida, sino un programa alineado al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Dónde está el programa para financiar al régimen cubano? ¿Dónde se publica, se supervisa, se rinde cuentas?
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