La mañana del 2 de junio, un grupo de hombres armados irrumpió en el domicilio de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Llegaron encapuchados, equipados con armas largas y herramientas para derribar la puerta. La comunicadora alcanzó a grabar parte del ataque antes de ser privada de la libertad. Hasta hoy, las autoridades no han esclarecido el móvil ni informado sobre su paradero.

La reacción inmediata fue predecible: organizaciones de prensa exigieron la intervención de las instituciones encargadas de proteger periodistas. La exigencia es razonable, pero queda una cuestión sin responder: ¿por qué un sistema creado precisamente para identificar y proteger personas vulnerables no detectó el peligro antes del secuestro?

La información pública disponible indica que Guzmán Ramírez no había denunciado amenazas recientes relacionadas con su labor periodística. Tampoco contaba con medidas activas de protección. Sin embargo, su historia personal estaba lejos de ser ordinaria.

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Como es costumbre, unos y otros han querido emplear los resultados electorales de Coahuila como una validación de sus propias tesis, subrayando lo conveniente y ocultando lo que los desmiente. Aquí comparto la lectura más objetiva que me es posible hacer:

1. Coahuila importa y mucho, pero no es representativa ni extrapolable. Los resultados electorales de Coahuila importan por varias razones, la primera de ellas es que son los únicos que tendremos este año para calibrar tendencias rumbo al 2027. Ciertamente es un estado anómalo (el único donde el PRI nunca ha perdido la gubernatura), pero a la vez también tiene impacto sobre la opinión pública pues exhibe, hasta cierto punto, cómo están trabajando las dirigencias nacionales en operación local. Si bien sus resultados tan aplastantes no son trasladables a otras entidades por las peculiaridades de su electorado, sí mandan señales de qué actores políticos están trabajando bien y quiénes no.

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2. El mito de Morena invencible. Desde la elección de 2024, en vista del estrepitoso fracaso de los analistas y encuestadores pro-Xóchitl, se creó el mito de que si a Gálvez le fue mal, ello responde a la invencibilidad de Morena. No es así. Se quiso ignorar la realidad local de estados como Jalisco, donde si bien Morena avanzó sensiblemente, MC mantuvo la gubernatura en un año de resultados magníficos para Morena. Desde 2024 he manifestado que nuestros analistas formulan la pregunta incorrecta respecto a resultados electorales. En otras palabras, en vista de la penosa oposición realmente existente, la pregunta de investigación no es por qué gana Morena (sería raro que no ganara a la vista de los patéticos oponentes anti-políticos que tiene frente a sí), sino por qué y cuándo pierde. Coahuila puede servir para entender mejor cuándo pierde Morena.

3. El mito panista del ciudadano. Una y otra vez, los panistas (los poquísimos que quedan) insisten en que hay que apostarle al ciudadano y no se ríen. Juran que…

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El llamado “New Space” ha marcado el inicio de una nueva era: la de las empresas privadas liderando el desarrollo de tecnologías, servicios y misiones espaciales con fines comerciales, arrebatándole al gobierno de los Estados el monopolio de la exploración y explotación del espacio.

De la mano de multimillonarios visionarios, compañías como SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic irrumpieron en un sector que durante décadas estuvo reservado a agencias gubernamentales y contratistas militares. El espacio se ha convertido en un mercado emergente lleno de oportunidades que van mucho más allá de la investigación científica y abarcan áreas tan diversas como las telecomunicaciones, la energía, la minería o el turismo.

Es difícil determinar quién va adelante en esta carrera. Cada empresa persigue objetivos distintos y, en algunos casos, ni siquiera están del todo claros. Lo que sí puede afirmarse, desde una perspectiva geopolítica, es que se trata principalmente de una competencia interna entre empresas estadounidenses, con algunos intentos serios de Europa y China por sumarse, mientras India acelera para no quedarse rezagada.

Durante décadas, agencias como la NASA o la ESA dominaron la exploración espacial. Sin embargo, desde principios de siglo un nuevo modelo transformó la forma en que nos relacionamos con el cosmos.

En 2015, SpaceX y Blue Origin introdujeron los cohetes reutilizables, reduciendo drásticamente los costos de lanzamiento y permitiendo que el espacio fuera accesible no sólo para gobiernos, sino también para universidades, startups e inversionistas privados.

El despliegue masivo de satélites impulsó además una revolución en conectividad. Plataformas como Starlink y OneWeb ya ofrecen internet de alta velocidad en prácticamente todo el planeta, incluidas regiones remotas y de difícil acceso.

Por supuesto, el desarrollo tecnológico no ha estado exento de tropiezos. Los cohetes de SpaceX han sufrido varios percances y, recientemente, un New Glenn de Blue Origin explotó durante una prueba en Cabo Cañaveral.

Sin embargo, como ha sucedido repetidamente en la historia del capitalismo, el incentivo económico está acelerando la innovación a una velocidad sin precedentes. SpaceX no sólo ha logrado hazañas tecnológicas; también ha comenzado a desplazar a contratistas históricos como Boeing o Lockheed Martin. Su modelo combina contratos gubernamentales con iniciativas comerciales, creando una sinergia cada vez más estrecha entre el sector público y el privado.

Los avances son impresionantes, pero también plantean interrogantes relevantes.

Las regulaciones internacionales fueron diseñadas para una época en la que únicamente los Estados tenían capacidad espacial. Hoy existen vacíos jurídicos sobre actividades como la minería, el turismo o la explotación comercial de recursos fuera de la Tierra.

Al mismo tiempo, el incremento de lanzamientos ha provocado una creciente acumulación de desechos espaciales que amenaza la sostenibilidad de la órbita terrestre. El riesgo de colisiones entre satélites y la saturación orbital aumenta año tras año.

El “New Space” representa un auténtico cambio de paradigma. Y como ocurre con todos los cambios de paradigma, genera más preguntas que respuestas. ¿Cuáles serán las responsabilidades de las empresas que operen en el espacio? ¿Quién resolverá los conflictos que inevitablemente surgirán? ¿Cómo evitar que el acceso y los beneficios de la nueva economía espacial terminen concentrados en unas cuantas manos?

Preguntas relevantes para el futuro de la humanidad que, curiosamente, estuvieron ausentes en las recientes reuniones que…

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El 30 de junio vence el plazo para registrar tu línea telefónica vinculándola a tu CURP. Si no lo haces, te la suspenden. El régimen lo denomina combatir la extorsión. Lo honesto sería llamarlo por su nombre: el tercer intento de construir un padrón de vigilancia que la Suprema Corte ya declaró inconstitucional en 2009 y en 2021, ambas veces por los mismos argumentos que aplican hoy, que es una violación a la privacidad.

La diferencia es que esta vez la Corte está al servicio del Ejecutivo.

El argumento jurídico que no cambió

El artículo 16° constitucional establece el derecho a la protección de datos personales.

El famoso “principio de proporcionalidad” exige que cualquier medida que restrinja derechos fundamentales debe ser idónea, necesaria y proporcional al fin que persigue. Vincular masivamente los datos de 144 millones de líneas telefónicas para combatir la extorsión es desproporcionado: hay formas menos invasivas de lograr el mismo objetivo. La Corte ya lo dijo dos veces y el argumento sigue siendo el mismo hoy.

El problema es que el tribunal que hoy tendría que aplicarlo es el mismo que ha fallado sistemáticamente a favor del Ejecutivo. Las dos veces anteriores había jueces independientes. Esta vez no los hay.

Lo que puedes hacer, con sus costos reales

El amparo contra la norma venció el 21 de enero, treinta días hábiles después de que se publicó en el Diario Oficial. Ese tren ya pasó. Lo que aún es posible es que…

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Falleció Alan Riding, el célebre corresponsal del New York Times en México y autor del libro clásico Vecinos Distantes, que a mí me tocó todavía como lectura obligatoria en un par de cursos de la licenciatura de relaciones internacionales. No tengo intenciones de reseñar su obra, ni sintetizar sus ideas pues cuando menos una docena de artículos se ocuparán de ello. El año pasado se imprimió una nueva edición de su libro ya clásico y es fácil de conseguir.

Simultáneamente, hace un par de semanas empezó a circular en México el primer tomo de las obras completas de Julio Scherer, publicado por Editorial Planeta. Al terminar de leerlo, uno se queda con sensaciones diversas. La más superficial pero verdadera es que la vida pública mexicana siempre ha sido una cloaca inmunda. Más importante que ello, deja en el lector el sabor de boca de un periodismo bien escrito.

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Scherer y Riding tienen en común eso, ambos escriben bien, pero, sobre todo, pertenecen a una época en la cual el periodismo se ejercía con profesionalismo. La fidelidad a los hechos, la comprobación de fuentes, no son un adorno de su trabajo, sino el distintivo principal. Los libros de Scherer vienen acompañados de significativos anexos documentales que respaldan todas las aseveraciones del autor.

Resulta indudable que tanto Scherer como Riding, posiblemente situados en las antípodas ideológicas uno respecto a otro, expresan opiniones claras y hasta categóricas a veces. Es legítimo, en tanto los hechos se respetan. Los libros de ambos me hacen echar de menos el periodismo profesional, con rigor informativo, a la vista de la proliferación de influencers que inundan la esfera pública contemporánea. La apertura masiva de canales personales en YouTube, la publicación gratuita de toda suerte de necedades en portales anónimos, evidencian el deterioro de la calidad informativa.

Teóricamente hoy se publica más información que nunca y más rápido. Lo que no suele decirse es que también se publican más mentiras, teorías de la conspiración y rumores. No digo nada nuevo al señalar que el periodismo convencional ha perdido espacio y hasta credibilidad frente a los mecanismos comunicativos más avanzados del internet. No obstante, es mucho lo que perdemos al descartar el periodismo profesional. No se trata de sentir nostalgia por otras épocas del ejercicio informativo, sino de rescatar, defender y exigir estándares mínimos de calidad que ya existían en momentos tecnológicamente más atrasados. Simplemente, un texto periodístico bien escrito, cuya lectura se disfrute, es cada vez más raro en la coyuntura mexicana.

Menos se trata de comprar o compartir a plenitud las posiciones editoriales de Riding y Scherer. Tampoco de idealizarlos. Bastaría con recuperar los requisitos mínimos que se imponían a sí mismos antes de publicar algo. Por encima de la inmediatez y la velocidad para publicar algo, estaba la seriedad y el prestigio del periodista. Esto es lo que nos hace falta hoy, frente a la prisa por subir algo a las redes y opinar al respecto. La inteligencia artificial tampoco es un pretexto válido para renunciar al periodismo de calidad.

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El lunes compareció ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Estados Unidos lo acusa de recibir $100 mil dólares mensuales en sobornos de “los Chapitos” a cambio de protección institucional. Los cargos suman una posible cadena perpetua.

La audiencia de ayer es una conferencia preliminar. La pregunta relevante no es qué ocurrió en la sala, sino qué significa que Mérida haya llegado hasta ella.

El primero de los Diez de Sinaloa

Mérida forma parte del expediente S9 23 Cr. 180: diez funcionarios sinaloenses acusados de conspirar con “los Chapitos” para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína y cocaína hacia Estados Unidos. El expediente incluye a Rocha Moya, al senador morenista Enrique Inzunza y al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez.

De los diez, Mérida fue el primero en presentarse ante la justicia estadounidense. Tenía un amparo. No fue extraditado. Se entregó voluntariamente en Arizona el 11 de mayo. Se declaró no culpable el 15. Aceptó una defensora pública. Y la jueza informó que la evidencia de la fiscalía es tan extensa que la defensa necesitará al menos sesenta días para revisarla.

La fiscalía y la defensa solicitaron además suspender conjuntamente los plazos de lo que se conoce como la “Ley de Juicio Rápido”, con el objetivo de facilitar conversaciones previas al juicio. Cuando eso ocurre —cuando el acusado y el gobierno frenan juntos el reloj para conversar—, rara vez se están preparando para una batalla total ante un jurado, sino para negociar.

Dependiendo de lo que revele Mérida, puede obtener una reducción sustancial de pena o algo mejor. Eso dependerá de la calidad de la información que aporte y de los superiores que exponga con ella.

El perfil que cambia la dimensión del caso

Apelo a tu sentido común, querido lector.

Gerardo Mérida no es un funcionario de segundo nivel que cayó en la red por accidente, sino un general de división con formación en inteligencia militar.

No llegó al gobierno de Sinaloa por decisión de Rocha Moya: su nombramiento fue ordenado por López Obrador y sugerido por la Secretaría de la Defensa Nacional. Su presencia en Sinaloa no fue un capricho local, sino una decisión institucional tomada en los niveles más altos del Ejército mexicano.

Y ese general, teniendo un amparo activo que le permitía quedarse en México protegido legalmente, decidió cruzar la frontera y entregarse voluntariamente.

Eso no se hace solo ni se improvisa. Alguien lo asesoró, lo apoyó logísticamente para salir del país con un amparo vigente y, muy probablemente, negoció las condiciones de su llegada antes de que pisara suelo americano. Las preguntas que este caso no ha respondido son esas: ¿Quién lo apoyó? ¿A quién lo consultó? ¿Quién dentro de las fuerzas armadas sabía que esto iba a ocurrir?

Y luego está la pregunta más difícil para el régimen obradorista:

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Un amigo pregunta qué diferencia hay entre el nacionalismo priista (el nacionalismo revolucionario) y el nacionalismo de Morena.

Mi respuesta es un poco cínica, pero honesta. Considero que, una vez transcurridas las primeras décadas de la instalación del régimen postrevolucionario, el nacionalismo priista era, en su mayor parte, una pose funcional al régimen. Si pensamos incluso en un supuesto hípernacionalista como Luis Echeverría, promotor del discurso tercermundista, soberanista, latinoamericanista y todas esas ridiculeces, la sinceridad de sus posicionamientos era muy cuestionable. Hace unos años, los archivos nacionales de Washington y otras instancias gubernamentales norteamericanas pusieron a disposición de todo público la transcripción de las conversaciones entre Nixon y Echeverría. En ellas, el mexicano ofrece todo su apoyo a Washington para servir de puente con América Latina, en específico con la revolución cubana, con los izquierdistas de la región y con otros líderes mundiales que creyeran en el discurso tercermundista.

¡Ya en el podcast! ¿Por qué México no es bueno en fútbol? Con Martín del Palacio.

Dicho de otra manera, Echeverría proponía enarbolar las causas de la izquierda de la época al mismo tiempo que aportaba su colaboración a los norteamericanos. Los discursos “progresistas” de Echeverría podían servir para posicionarlo como un líder progresista ante la base interna del priismo y ante un público internacional ansioso de oír la prédica antiimperialista. Sin embargo, la realidad es que Echeverría simplemente posaba para la foto, como suele decirse. Es verdad que le dio pronto asilo a los exiliados chilenos luego del golpe de estado pinochetista, y le gustaba dejarse ver con Fidel Castro, pero en el fondo, siempre se mantuvo alineado con Washington. En todo lo importante, Estados Unidos contaba con el PRI.

Podría parecer que el caso de Echeverría es una excepción, pero hace unos años también nos enteramos, mediante la publicación de las memorias de un exagente de la CIA que figuras señeras del nacionalismo priista, incluidos futuros presidentes, secretarios de gobernación y hombres de los servicios de espionaje del régimen se encontraban en la nómina de la agencia de inteligencia gringa como informantes. En el supuesto de que la aprobación del gobierno estadounidense resultaba indispensable para convertirse en “el tapado”, es decir el candidato presidencial del PRI, las figuras más prominentes del sistema político mexicano se esforzaban continuamente por quedar bien con Washington. De manera pues, que si bien los priistas alardeaban de su nacionalismo para consumo interno, en el fondo todos intentaban ser como el presidente Miguel Alemán: “Mr. Amigo.”

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Desde que el gobierno federal abrió investigaciones contra la gobernadora de Chihuahua, circula una idea presentada casi como hecho consumado: que el régimen ya tiene la ruta para sacarla de la escena. Bastaría un juicio político, un desafuero, alguna maniobra federal.

El problema es que la Constitución mexicana no funciona así. Y el propio citatorio que la FGR le envió a Maru Campos ya viola la ley.

Lo que dice la ley y lo que hizo la FGR

El artículo 111 constitucional establece que los gobernadores en funciones gozan de fuero: no pueden ser detenidos ni sometidos a proceso penal sin que primero se les retire esa protección mediante una declaración de procedencia del Congreso federal. El artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales refuerza esa protección: un gobernador no puede ser citado a comparecer personalmente ante una fiscalía como si fuera un ciudadano común.

La FGR citó a Maru Campos exactamente así. Sabía que violaba esos preceptos y los ignoró de todas formas.

Eso no es un descuido procesal sino un mensaje político disfrazado de acto jurídico: la federación va a presionar a un gobierno local opositor aunque tenga que atropellar el marco constitucional para hacerlo.

Las dos vías que sí existen y sus límites

Para proceder legalmente contra una gobernadora en funciones existen dos rutas:

La primera es el desafuero, técnicamente llamado declaración de procedencia…

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Ricardo Monreal sugiere una iniciativa de ley para anular elecciones en caso de comprobarse intervención extranjera en los comicios. Es demasiado evidente que la propuesta va ligada al miedo de que Estados Unidos siga exhibiendo las ligas de los partidos y candidatos oficialistas con el narcotráfico. No sé si haya alguien lo bastante ingenuo para suponer que ese tipo de investigaciones sobre intervención extranjera como causa de nulidad se activarían en caso de que el apoyo a candidaturas mexicanas hubiese venido de Cuba o Venezuela.

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Más importante aún, no sabemos qué tipo de pruebas se aducirían para evidenciar esas “intervenciones” y quién estaría capacitado para evaluarlas jurídicamente. Supongo que el INE y el Tribunal Electoral, dos entidades capturadas integralmente por los intereses oficialistas. Me pregunto más cosas, si esa supuesta intromisión se comprobara, ¿qué estaría obligado a hacer el Estado mexicano contra el país interventor? ¿Elevar un extrañamiento, una protesta diplomática, retirar embajadores, ruptura de relaciones? Es fácil imaginarse a Morena rompiendo relaciones con la Argentina de Milei, pero ¿a poco romperían relaciones con Moscú si detectan la injerencia de Russia Today a favor del oficialismo? Resultaría muy extraño que las autoridades oficiales actúen para sancionar candidatos y partidos, pero no hagan nada contra los países “interventores.”

Una vez más, todo esto se sustenta bajo el manto protector del manoseado concepto de soberanía. Parecería paradójico que en uno de los momentos históricos de mayor debilidad del Estado mexicano moderno, cuando no tiene control territorial sobre vastas zonas del país (Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas, Michoacán, buena parte de Jalisco), sea cuando más se insiste en la protección y defensa de la soberanía. No se habla nunca en el discurso oficial de la responsabilidad de recuperar control territorial, únicamente defender la soberanía frente a malvados actores extranjeros.

En términos concretos, no hablamos de la necesidad de reforzar las sanciones contra los partidos y candidatos a quienes se les comprueben ligas con el narco. Excepción hecha de un anuncio francamente risible de Morena para crear una…

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Claudia Sheinbaum atraviesa uno de los momentos más complicados de su administración. El país registra crecimiento nulo, déficit fiscal preocupante y perspectiva de deuda soberana modificada a negativa por Moody’s. La relación con Estados Unidos se complica semana a semana: la solicitud de extradición de Rocha Moya y la entrega voluntaria de los Diez de Sinaloa, la renegociación del T-MEC, la presión creciente sobre el crimen organizado. La ofensiva contra Maru Campos terminó siendo respondida desde Washington con el indictment más incómodo de la administración.

En ese contexto aparecen, en secuencia de doce días, tres episodios extraordinariamente útiles para la presidenta.

Tres golpes de imagen demasiado precisos

• El 6 de mayo, Sheinbaum recibió a BTS en Palacio Nacional tras escribir una carta al presidente de Corea del Sur solicitando más fechas de conciertos para los jóvenes mexicanos. Cerca de 50 mil seguidores se congregaron en el Zócalo mientras la banda saludaba desde el balcón presidencial. Las imágenes circularon globalmente.

• El 14 de mayo, Bono se reunió con Sheinbaum en el Teatro Hidalgo del IMSS durante la clausura de la Street Child World Cup y declaró públicamente: “Atención médica universal, aumentó el salario mínimo, vienes al Street Child World Cup, conoces a Edge y a mí, no sé cómo tienes tiempo.” La escena circuló de inmediato en las redes sociales de la presidenta.

• Este lunes, Sheinbaum confirmó que el rey Felipe VI visitará México el 26 de junio para el partido España-Uruguay en Guadalajara, aceptando una invitación que la presidenta envió en febrero. Primera visita del monarca español a México en años, después de un período de tensión diplomática heredado del obradorismo.

Tres episodios con impactos mediáticos masivos, útiles para proyectar liderazgo internacional en el peor momento interno de la presidencia.

El antecedente que establece el patrón

Este tipo de operaciones tiene historial documentado. El concierto de Rosalía en el Zócalo en 2023 costó más de 6 millones de pesos al gobierno de la CDMX, pagados a Ocesa por servicios de producción técnica, aunque la artista no cobró caché. En el caso de U2, el evento estuvo vinculado a la Street Child World Cup donde el IMSS fungió como anfitrión principal. Los costos de hospedaje y logística asumidos por el gobierno no han sido transparentados.

El dinero rara vez aparece etiquetado como propaganda política. Se dispersa entre producción, logística, cooperación institucional y patrocinio. La opacidad es el método.

La infraestructura que lo hace posible

A Sheinbaum le gusta la asesoría externa en comunicación política. Desde 2022 trabajó con…

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El primer sexenio en el cual una mujer gobierna México, un grupo de mujeres en Chilapa, Guerrero, suplica la ayuda de Donald Trump, el presidente más misógino en la historia moderna de Estados Unidos. Esas mujeres se sienten abandonadas por el Estado mexicano, en el momento que los políticos de dicho Estado se llenan la boca con discursos sobre soberanía. El Estado mexicano, esa entelequia cada vez más débil, cuya sola capacidad institucional consiste en perseguir y reprimir a sus críticos, no puede garantizar la seguridad de las mujeres guerrerenses y ellas son las primeras en saberlo. No les importa el cuento patético de la soberanía, pues saben que los gobiernos mexicanos llevan décadas sin capacidad institucional para garantizar el control territorial pleno. Ellas buscan ayuda del cielo, pero como éste parece sordo a sus peticiones, dirigen sus súplicas al “malvado imperio”. Es una paradoja verdaderamente dramática que en el sexenio de la izquierda feminista, sean las mujeres de las comunidades más pobres del país las que opten por buscar el apoyo de Estados Unidos y en concreto, del presidente Trump. Nadie, sino alguien muy desinformado, puede esperar o creer que el Estado mexicano logrará restablecer la seguridad en Guerrero.

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El pasado 19 de abril, un operativo en Chihuahua desmanteló dos narcolaboratorios. Murieron el titular de la Agencia Estatal de Investigación y dos agentes de la CIA cuya presencia confirmó después el propio gobierno federal. El resultado fue el golpe más visible contra infraestructura industrial del narcotráfico en años recientes. El problema para el régimen fue quién se llevó el crédito: una gobernadora panista y agencias estadounidenses.

La reacción del oficialismo lo dijo todo. Senadores de Morena acusaron a la gobernadora Maru Campos de traición a la patria. La FGR abrió una investigación. El fiscal de Chihuahua renunció bajo presión. Dos semanas después, el 29 de abril, Washington respondió con el indictment contra los Diez de Sinaloa, incluido Rocha Moya.

El delito que no aplica

El artículo 123° del Código Penal Federal castiga con hasta cuarenta años de prisión a quien realice actos contra la independencia o soberanía de México para favorecer a un gobierno extranjero, o coopere con uno de forma que perjudique al país. La inconveniencia para el régimen es bastante simple: ninguna parte del artículo describe lo que hizo Maru Campos.

Cooperar con agencias estadounidenses para desmantelar un narcolaboratorio no equivale a entregar territorio, someter al país ni actuar contra la soberanía nacional. Para sostener esa acusación, la FGR tendría que defender una idea bastante difícil de vender: que combatir al narcotráfico con apoyo extranjero perjudica a México. El argumento prácticamente se derrumba solo.

Las rutas disponibles

El régimen tiene tres caminos, y ninguno es cómodo:

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Tuve oportunidad de asistir a la conferencia o discurso pronunciado por Isabel Díaz Ayuso en la Universidad de la Libertad. Me pareció una intervención bien sustentada, profunda, en suma, inteligente. Como siempre, la nota de fondo, el tema importante, que fue la defensa de una política liberal y de apertura a la inversión, se oscureció por polémicas inútiles. Lo menos interesante de lo que dice Ayuso es lo referente al tema de la conquista. Se pasaron por alto sus numerosas referencias a Cicerón (¿conoce usted un político mexicano capaz de citar de memoria a Cicerón?), su reflexión sobre la libertad, los perjuicios del modelo estatista y su mensaje de esperanza: “del socialismo se sale”, que significa que el socialismo se abandona con el camino correcto.

Mucha gente me ha dicho que el timing de la conferencia fue malo, pues le dio un pretexto al oficialismo para hablar de soberanía, de imperialismo y hasta de la Conquista de México y Hernán Cortés, en lugar de hablar sobre las acusaciones estadounidenses contra el gobernador Rocha Moya por sus ya más que evidentes ligas con el narcotráfico. Parece extraño juzgar a los organizadores de la conferencia por un acontecimiento que nadie tenía previsto para estas fechas, a saber, la bomba estadounidense contra Rocha Moya. Seguramente la conferencia de Díaz Ayuso estaba contratada desde hace meses, pero los críticos le reprochan a los organizadores que no la hayan cancelado o diferido.

La oposición es tan mediocre que culpa a una universidad o a unos empresarios por no haber cancelado un evento que, además, era crítico del gobierno. Dicen los opositores críticos del evento, que lo de Ayuso le ayudó a Sheinbaum a evitar el peso mediático del escándalo de Rocha Moya. No estoy seguro. Si la oposición existiera, el tema de Rocha estaría presente en el Congreso (toma de tribunas), en la calle (manifestaciones), en las carreteras (bloqueo de carriles) y esfuerzos continuos de informar a la población cuadra por cuadra con brigadas de volanteros. Estamos hablando de un narcogobernador, el tema merecía todo tipo de protestas pacíficas. ¿Dónde están? La oposición mexicana prefiere tuitear.

En todo caso, hay una expectativa verdaderamente extraña en la autodenominada oposición. Tienen la esperanza de que…

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¿Por qué no es obligatorio?

El tratado de extradición entre México y Estados Unidos establece en su artículo 9° una regla clave:

Ninguna de las partes está obligada a entregar a sus propios nacionales.

Pueden hacerlo, pero no tienen que hacerlo.

Rocha Moya es mexicano. Eso le da al gobierno de Sheinbaum una salida jurídica real.

El artículo 3° agrega otra condición:

La extradición sólo procede si las pruebas son suficientes conforme a las leyes mexicanas, como si el delito hubiera sido cometido aquí.

En términos simples: un juez mexicano puede revisar el expediente y concluir que no alcanza ese estándar. La FGR ya utilizó ese argumento para negar la detención provisional del propio Rocha Moya. No es una anomalía, es lo que permite el tratado.

Lo que suceda con Rocha Moya no tiene una sola solución jurídica. Hay al menos tres caminos distintos, y ninguno es cómodo.

Tres supuestos que pueden darse en la práctica

• El primero: un juez mexicano revisa la solicitud de extradición y determina que las pruebas no son suficientes. Resultado: el gobierno no extradita y tampoco juzga. Rocha queda libre dentro de México, sin cargos formales en ningún lado y se sale con la suya, pero México queda en una zona difícil de defender: presume rigor jurídico pero en realidad es simulación.

• El segundo: México rechaza la extradición pero sí lo juzga aquí. El problema no es abrir el proceso, sino hacerlo creíble. Un juicio conducido por autoridades que forman parte del mismo sistema político que Rocha ayudó a construir tiene un desenlace previsible. El antecedente de Cienfuegos —quien Estados Unidos devolvió a México para ser juzgado y éste no hizo nada— sigue demasiado fresco.

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Todas las columnas políticas del país hablan en estos días de la acusación estadounidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Hay dos tipos de consensos elementales:

• Primero, que Sheinbaum la tiene muy difícil. O queda bien con López Obrador y su grupo (defensores de Moya) o con Estados Unidos.

• Segundo, la gente que simpatiza con la izquierda no quiere hablar de la culpabilidad de Rocha (“es irrelevante” dijo un propagandista del gobierno cada vez más cínico en un programa de televisión), y los comentaristas afines a la oposición juran que ha llegado la hora de la justicia de la mano de Estados Unidos, país que castigará, según esa versión, no sólo a Rocha sino a todos los narcopolíticos. Como si a Estados Unidos le interesara resolver los problemas mexicanos y no los propios. Ellos quieren detener a un político a quien acusan de facilitar la introducción de fentanilo a Estados Unidos, no arreglar Sinaloa.

Ya en el podcast: Narcopolíticos. Con Miguel Meza. Escucha aquí.

La semana pasada, un lector de este espacio me preguntaba mi opinión sobre el ensayo más reciente de Fernando Escalante en Nexos, cuya conclusión es que el futuro de México será la africanización. Me parece que lo que está sucediendo en Sinaloa le da la razón a Escalante. En toda la elite capitalina, no parece haber un solo comentarista político preocupado por la reconstrucción institucional de Sinaloa, un estado fallido en el sentido pleno de la palabra, cuyas autoridades gubernamentales más altas son narcotraficantes o fueron designadas por el narco.

Como he dicho, al oficialismo y los suyos les interesa que el escándalo no los dañe electoralmente. A la oposición ni siquiera le interesa ganar la próxima elección para gobernador de Sinaloa, sino como es costumbre, presumir que tuvo razón en sus críticas a Morena. Lo que a nadie le interesa es que Sinaloa deje de ser un narco estado. La elite capitalina obradorista y antiobradorista ya se hizo a la idea de que Sinaloa se trata de un caso perdido, como Tamaulipas, Guerrero o Michoacán. El inconcebible dolor humano de un estado que vive en guerra y con toque de queda hace más de un año, ya no le importa a nadie. Se trata de ganar la disputa ideológica entre oficialismo y opositores, no de convertir Sinaloa en un territorio institucionalmente viable.

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Seguimos recorriendo las zonas del mundo que están moldeando lo que viene.

Empecemos por la guerra en Ucrania y cómo una victoria pírrica de Rusia podría estar convirtiéndose en su derrota.

Desde hace tres meses, el estado de la invasión rusa dio un giro de 180 grados. El ejército de Putin ha quedado prácticamente estancado, sin avances territoriales relevantes y con pérdidas superiores a los 35 mil soldados mensuales, cifra que ya rebasa su capacidad de reclutamiento y reposición.

Al mismo tiempo, del otro lado del teatro de guerra, y a pesar de que Estados Unidos le retiró el apoyo, el ejército ucraniano ha logrado romper líneas enemigas en zonas debilitadas por la falta de tropas, tiene avances sostenidos, ha recuperado posiciones estratégicas y ha destruido radares y defensas aéreas rusas en amplios corredores.

Aprovechando la pérdida de capacidad aérea rusa, Ucrania ha intensificado el bombardeo con drones de última generación sobre infraestructura petrolera, portuaria y de refinación: dos de los cuatro puertos principales y cinco de las diez refinerías más importantes de Rusia están hoy inservibles. Rusia, además, no ha podido capitalizar el alza en el precio del petróleo precisamente por esa pérdida de capacidad operativa.

El cambio en la guerra es multifactorial, pero los analistas más serios lo atribuyen a dos detonantes:

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Claudia Sheinbaum volvió a invocar la soberanía nacional. Lo hizo después de que se conociera la participación de agencias estadounidenses en un operativo en Chihuahua donde murieron agentes vinculados a inteligencia norteamericana mientras se desmantelaba un narcolaboratorio.

El episodio reabrió una cuestión incómoda: ¿puede hablar de soberanía un Estado que no controla partes relevantes de su propio territorio?

La pregunta importa porque el caso no fue menor. En Chihuahua, autoridades locales y federales participaron en acciones contra instalaciones usadas para producir drogas sintéticas, una de las principales rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. En medio del operativo murieron agentes ligados a tareas de inteligencia y cooperación. Más allá de los detalles específicos, el hecho revela algo evidente: Washington ya no confía en que México pueda enfrentar solo a los cárteles.

El discurso patriótico no resuelve nada

La reacción presidencial fue la habitual: denunciar injerencias, defender la dignidad nacional y recordar agravios históricos. El repertorio incluye —hágame el favor— la guerra de 1846, la pérdida territorial y el viejo relato del vecino abusivo.

La afirmación de Sheinbaum revela grave ignorancia de la historia: la última incursión de Estados Unidos no fue en 1846. Ocuparon Veracruz en 1914 y persiguieron a Pancho Villa en 1916 y 1917. En ninguno de esos casos se perdió territorio nacional. Estados Unidos jamás ha considerado la opinión de México para definir su política exterior. Que la presidenta siquiera lo sugiera revela una ingenuidad inaceptable en un Jefe de Estado.

Ya en el podcast: Narcopolíticos. Con Miguel Meza. Escucha aquí.

El problema es que ese libreto ya no explica el presente. Equiparar una colaboración operativa contra un narcolaboratorio con una invasión del siglo XIX no sólo es exagerado sino intelectualmente muy pobre. Invocar automáticamente 1847 cada vez que surge un conflicto binacional es una forma de evitar la realidad. Y la realidad es ésta: si México ejerciera plenamente su autoridad, para empezar no habría el tamaño de criminales que tenemos, y segundo, nadie de fuera tendría espacio para intervenir.

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Pocos gobiernos en la historia han cedido tantos tramos de soberanía ante enemigos internos y potencias extranjeras como los del obradorismo. Por eso resulta tan revelador ver con qué prisa y oportunismo el gobierno de Claudia Sheinbaum sacó provecho del caso de los dos agentes estadounidenses muertos en Chihuahua presuntamente después de desmontar un gran narcolaboratorio, sentando en el banquillo antipatriótico a un gobierno opositor.

Envueltos en el nacionalismo de ocasión y en una legalidad renacida —qué lejos quedó aquello de “no me vengan con que la ley es la ley”— han montado, sin información clara, un juicio mediático que pareciera tener miras a las elecciones de 2027 en ese estado.

Si realmente quisieran ir al fondo del caso, lo que ameritaría sería una investigación no sólo sobre las agencias estatales, sino también sobre el Ejército mexicano —que habría estado presente en el operativo— y sobre las instituciones federales que supuestamente deben vigilar la presencia extranjera; y, por supuesto, exigiría mucho más que una nota diplomática hacia Estados Unidos. Pero la bravura que han mostrado contra Maru Campos se amansa claramente frente a Trump y los militares.

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Hay mucha hipocresía en ese nacionalismo que no se sostiene en los hechos. ¿Con qué cara se envuelven en la bandera cuando ha sido bajo el obradorismo que México se prestó a recibir deportados de otros países a exigencia de su vecino del norte o a perseguir centroamericanos por encargo?

¿Con qué cara, si fue durante su gobierno cuando secuestraron al Mayo Zambada en territorio mexicano y cuando se designó a los cárteles como organizaciones terroristas sin aviso previo? Es con ellos que arriban tropas y aeronaves sin aprobación del Senado. Es bajo su lupa que drones de la CIA sobrevuelan nuestro territorio.

¿Quieren hablar de violación al marco normativo? Hablemos de la más aberrante de todas: la expulsión de mexicanos presos hacia Estados Unidos, como ofrenda diplomática, violando el proceso de extradición. Destierro ilegal que mandó el mensaje claro a Estados Unidos: sus prioridades por encima de nuestra Constitución.

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Esta debilidad y desorden es producto de seis años de la otra crisis de soberanía, la interna, que permitió no sólo la expansión del narco, sino también de la narcopolítica que hoy tiene bajo chantaje a un régimen que se preocupa más por salvar sus visas que por respetar sus leyes. Y es producto también de desinstitucionalizar la relación bilateral de seguridad, pasando de un acuerdo de corresponsabilidad como la Iniciativa Mérida, a un “entendimiento” de subordinación.

Por eso de nada sirven reformas absurdas como la que impulsó López Obrador para supuestamente regular la presencia de agentes extranjeros y que claramente es inoperante, porque en los hechos Estados Unidos sabe que tiene al régimen mexicano contra las cuerdas por la enorme losa que carga y porque es es primero en no respetar las leyes.

Por más que quieran acusar a la oposición, particularmente al PAN, en algún punto tendrán que lidiar con una verdad histórica e incómoda: ha sido bajo un gobierno de izquierda que México se subyugó a los poderes extraterritoriales de los Estados Unidos porque antes se coludió con los poderes armados de los enemigos internos del Estado.

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Me pregunto con frecuencia cuál es el comunicador y polemista más inteligente de la oposición mexicana en los medios masivos de comunicación. No el más exitoso, sino el más articulado, con mejores argumentos, el que me gustaría escuchar para aprender interpretaciones novedosas del mundo. Un o una conductora de podcast culto, innovador, ameno. No lo encuentro. Hay muchos propagandistas de calidad, nombre usted su preferido. Hay otros que saben golpear al gobierno, y hay algunos muy talentosos para burlarse de los actores políticos oficialistas. No obstante, no encuentro figuras de la talla de Douglas Murray, en la radio o en el universo digital del podcast.

Llego tarde, tardísimo, al libro The War on The West del mencionado Murray. Es un panfleto ferozmente combativo en el mejor sentido de ambas palabras. Es también un libro muy bien escrito, lleno de referencias artísticas, intelectuales, filosóficas e históricas cuya lectura no es en ningún momento aburrida o inaccesible. Murray trata de mostrar cómo las universidades, los think-tanks y los periódicos otrora conocidos como los de referencia internacional, se han embarcado en una guerra contra Occidente. O, para matizar un poco los excesos panfletarios de Murray, contra los valores occidentales.

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El texto analiza lo que ha sucedido en los últimos años con los debates étnicos, religiosos, culturales, historiográficos, artísticos, educativos y un largo etcétera. Su intención es demostrar cómo el discurso académico de los “antirracistas” de la academia fue permeando por todos los ámbitos de la vida occidental. Lo que inició como una noble cruzada por la igualdad jurídica, desembocó en un afán autodenigratorio de la cultura occidental en todas sus manifestaciones. Afán que contribuye al posicionamiento geopolítico de los enemigos de Occidente, señaladamente China. Y es que mientras aquí nos preguntamos si es válido escuchar la música compuesta por hombres blancos del heteropatriarcado capitalista durante el siglo XVIII, en China mejoran su sistema armamentístico.

Dos cosas llaman la atención de Murray respecto de los detractores de occidente (todos educados en universidades occidentales):

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Marcelo Ebrard cometió peculado. No es una opinión de café. Es la consecuencia natural de aplicar la ley a los hechos.

Su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, vivió durante varios meses en la residencia oficial de México en Londres. No tenía cargo público, comisión oficial ni función diplomática alguna que justificara su presencia en la sede. La residencia es un inmueble del Estado: el edificio, la luz, el agua, el personal de apoyo y mantenimiento son recursos públicos. No hay manera de habitarla sin utilizarlos. Eso es un hecho.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas define con claridad el peculado administrativo: incurre en él el servidor público que autoriza el uso de recursos materiales sin fundamento jurídico. No se requiere una orden firmada. Basta con que ocurra bajo su jerarquía y con su conocimiento.

Los tres elementos están presentes: recurso público, beneficio privado y ausencia de base legal. Las sanciones no son menores: inhabilitación de hasta veinte años, multa de hasta el doble del beneficio obtenido y reparación del daño.

Próximamente en el podcast: quiénes son los narcopolíticos y cómo están persiguiendo a quienes los investigan. Con Miguel Meza.

El Código Penal Federal va más lejos. También comete peculado —y de tipo penal— el servidor público que distraiga bienes del Estado para beneficiar a un tercero. La pena es de dos a catorce años de cárcel cuando el monto involucrado rebasa cierto umbral legal: quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de los hechos. En 2021, eso equivalía a poco menos de 45 mil pesos. Dicho de forma simple: si el beneficio indebido supera esa cifra, la pena es cárcel. Y seis meses de alojamiento en una residencia diplomática en Belgrave Square, con servicios incluidos, superan con amplitud ese monto. Incluso por debajo de ese umbral, sigue habiendo pena de cárcel.

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