Un poco de contexto

Al igual que muchas plataformas, Substack instaló un detector de inteligencia artificial hecho por la empresa Pangram. A partir de ahora, cualquier texto que encuentres en la plataforma puede pasarse por una herramienta que te marca el porcentaje de artificialidad de la pieza.

El problema es que, igual que otros instrumentos similares, da falsos positivos. A veces atina y aveces no. Y si estás en desacuerdo, puedes apelar ante la misma empresa. Pangram acusa y Pangram resuelve la acusación. Es juez y parte.

Se trata de una discusión más amplia sobre la escritura con inteligencia artificial que debemos tener.

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En los últimos días, algunas voces críticas del obradorismo han propuesto establecer una especie de “licencia para votar”: exigir un examen o un curso de conocimientos cívicos antes de permitir que un ciudadano ejerza el sufragio. La idea parte de una frustración comprensible por los resultados electorales de 2018 y 2024, pero desemboca en una conclusión profundamente autoritaria.

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Como el resto de las promesas del régimen, la reforma judicial de López Obrador y Sheinbaum ofrecía puras bondades: una Suprema Corte más cercana al pueblo, más austera y menos capturada por élites. Menos de un año después de instalada, ya hace agua por todos lados. Su crónica parece un tango de Santos Discépolo.

Qué falta de respeto, qué atropello a la razón

Empecemos por el ambiente interno.

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La semana pasada, Lenia Batres defendió en la Corte que los herederos de las Afores de trabajadores fallecidos deben pagar ISR porque ese dinero “no proviene de su esfuerzo”. El Pleno rechazó el proyecto, pero Batres dijo lo que de verdad cree: que en México también deberían gravarse las herencias.

Las razones y las sobras

El argumento de Batres se muerde la cola. Un trabajador cotizó durante décadas y dejó un fondo para su familia. En una versión perversa de la cigarra y la hormiga, el Estado no ahorró nada de eso, sólo administró el sistema y cobró comisiones en el camino. Si el criterio para gravar una herencia es que no se generó con esfuerzo de los herederos, el primer obligado a explicar su mérito es el gobierno que pretende cobrar sobre algo que no generó.

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Hace unas semanas comentamos en Disidencia el caso de Roxana Guzmán y la falla estructural del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Señalamos que ese sistema está diseñado para reaccionar cuando la víctima ya identificó el riesgo, no para detectarlo antes. Roxana nunca solicitó protección. El mecanismo nunca la identificó. Y cuando un comando armado irrumpió en su domicilio de Nanchital, Veracruz, el 2 de junio, no había nadie que pudiera detenerlo.

Esta semana el caso dio un giro todavía más grave. José del Carmen “N”, alias Delta 7, comandante de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, fue detenido como presunto responsable del secuestro y asesinato, junto con tres policías bajo su mando. Si actuaron por cuenta propia o siguiendo órdenes superiores es algo que la investigación aún deberá esclarecer. Lo que ya no admite discusión es que los policías no fueron espectadores sino presuntos partícipes.

El contrato que se rompió

Existe una explicación muy aceptada de por qué las sociedades aceptamos vivir bajo un Estado. Los ciudadanos pagamos impuestos, obedecemos las leyes y cedemos parte de nuestra libertad a cambio de una garantía mínima de seguridad.

Pero cuando el Estado no sólo es incapaz de ofrecer esa protección, sino que sus propios policías secuestran y asesinan ciudadanos, ese pacto elemental deja de existir y se rompe. Hay un criminal con credenciales oficiales.

Una cosa es tener políticos corruptos. Otra muy distinta es tener corporaciones policiales que operan como brazos armados del crimen organizado. La primera es una patología del sistema. La segunda representa la destrucción del sistema mismo.

La solución que existe y no aceptará el régimen

Intervenir corporaciones policiales con mandos locales difícilmente resolvería el problema si la infiltración criminal alcanza también a instituciones federales. Sólo cambiaría delincuentes locales por nacionales.

Existe, sin embargo, un modelo que produjo resultados.

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Ken Salazar fue el embajador más funcional al régimen obradorista que Estados Unidos ha tenido en México en décadas. Durante cuatro años validó a López Obrador ante Washington, suavizó señales de alarma y fue percibido dentro del aparato diplomático americano como operador del relato del régimen.

Cuando AMLO lo acusó de violar la soberanía mexicana en agosto de 2024, Salazar ya había dejado de ser útil.

¡Próximamente en el podcast! Estados Unidos cumple 250 años. Con José Antonio Aguilar Rivera.

Ahora publica sus memorias. Y en ellas revela que López Obrador estaba “muy preocupado” por la información que “El Mayo” Zambada pudiera entregar sobre funcionarios públicos mexicanos.

Esto, dice Ken Salazar, le llegó a través de “El Susurrador”: un prominente empresario confidente de AMLO que ocasionalmente también le pasaba información al embajador americano.

Es una historia muy conveniente a Ken Salazar y Trump, y perjudicial para López Obrador. Permítame explicarle:

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Querida comunidad de Disidencia:

Espero se encuentren bien. Me comunico con ustedes por esta vía para agradecer la atención que han tenido al leerme durante más de dos años en este portal. Les informo que debido a responsabilidades editoriales apremiantes y nuevas (la redacción de un libro, entre otras cosas) me veo obligado a dejar de colaborar temporalmente con Disidencia para no disminuir la calidad de mis entregas. El tiempo del cual dispongo para reflexionar, preparar y escribir estos textos se ha reducido como resultado de mis responsabilidades coyunturales. Quiero dejar claro que mi salida no obedece a ningún tipo de diferencia editorial, profesional o personal con mi apreciado editor Pablo Majluf. No he recibido sino atenciones, cortesías y amistad de Pablo, en uno de los pocos espacios de opinión mexicanos donde jamás se le insinúa al autor ningún tipo de restricción, tentativa de censura o reorientación editorial. Si por algo disfruto Disidencia es porque hace honor a su nombre y a la libertad irrestricta que promete tanto al autor como a los lectores. Gracias Pablo. De igual manera les comunico que pretendo regresar a mis colaboraciones habituales una vez concluidos mis compromisos temporales. Esto debe suceder a fines de este año, coincidencia temporal con el arranque oficial de las campañas para la elección intermedia de 2027. Muchas gracias y nos veremos pronto. Un abrazo.

Raudel. 🪶

Aviso editorial:

Amables suscriptores, en lo que regresa Raudel tendremos una sorpresa. Estrenamos igual, el próximo domingo, sólo que se publicará una vez al mes. No les puedo dar más detalles pero les prometo que les resultará divertido. Hasta entonces.

La mañana del 2 de junio, un grupo de hombres armados irrumpió en el domicilio de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Llegaron encapuchados, equipados con armas largas y herramientas para derribar la puerta. La comunicadora alcanzó a grabar parte del ataque antes de ser privada de la libertad. Hasta hoy, las autoridades no han esclarecido el móvil ni informado sobre su paradero.

La reacción inmediata fue predecible: organizaciones de prensa exigieron la intervención de las instituciones encargadas de proteger periodistas. La exigencia es razonable, pero queda una cuestión sin responder: ¿por qué un sistema creado precisamente para identificar y proteger personas vulnerables no detectó el peligro antes del secuestro?

La información pública disponible indica que Guzmán Ramírez no había denunciado amenazas recientes relacionadas con su labor periodística. Tampoco contaba con medidas activas de protección. Sin embargo, su historia personal estaba lejos de ser ordinaria.

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Como es costumbre, unos y otros han querido emplear los resultados electorales de Coahuila como una validación de sus propias tesis, subrayando lo conveniente y ocultando lo que los desmiente. Aquí comparto la lectura más objetiva que me es posible hacer:

1. Coahuila importa y mucho, pero no es representativa ni extrapolable. Los resultados electorales de Coahuila importan por varias razones, la primera de ellas es que son los únicos que tendremos este año para calibrar tendencias rumbo al 2027. Ciertamente es un estado anómalo (el único donde el PRI nunca ha perdido la gubernatura), pero a la vez también tiene impacto sobre la opinión pública pues exhibe, hasta cierto punto, cómo están trabajando las dirigencias nacionales en operación local. Si bien sus resultados tan aplastantes no son trasladables a otras entidades por las peculiaridades de su electorado, sí mandan señales de qué actores políticos están trabajando bien y quiénes no.

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2. El mito de Morena invencible. Desde la elección de 2024, en vista del estrepitoso fracaso de los analistas y encuestadores pro-Xóchitl, se creó el mito de que si a Gálvez le fue mal, ello responde a la invencibilidad de Morena. No es así. Se quiso ignorar la realidad local de estados como Jalisco, donde si bien Morena avanzó sensiblemente, MC mantuvo la gubernatura en un año de resultados magníficos para Morena. Desde 2024 he manifestado que nuestros analistas formulan la pregunta incorrecta respecto a resultados electorales. En otras palabras, en vista de la penosa oposición realmente existente, la pregunta de investigación no es por qué gana Morena (sería raro que no ganara a la vista de los patéticos oponentes anti-políticos que tiene frente a sí), sino por qué y cuándo pierde. Coahuila puede servir para entender mejor cuándo pierde Morena.

3. El mito panista del ciudadano. Una y otra vez, los panistas (los poquísimos que quedan) insisten en que hay que apostarle al ciudadano y no se ríen. Juran que…

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El llamado “New Space” ha marcado el inicio de una nueva era: la de las empresas privadas liderando el desarrollo de tecnologías, servicios y misiones espaciales con fines comerciales, arrebatándole al gobierno de los Estados el monopolio de la exploración y explotación del espacio.

De la mano de multimillonarios visionarios, compañías como SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic irrumpieron en un sector que durante décadas estuvo reservado a agencias gubernamentales y contratistas militares. El espacio se ha convertido en un mercado emergente lleno de oportunidades que van mucho más allá de la investigación científica y abarcan áreas tan diversas como las telecomunicaciones, la energía, la minería o el turismo.

Es difícil determinar quién va adelante en esta carrera. Cada empresa persigue objetivos distintos y, en algunos casos, ni siquiera están del todo claros. Lo que sí puede afirmarse, desde una perspectiva geopolítica, es que se trata principalmente de una competencia interna entre empresas estadounidenses, con algunos intentos serios de Europa y China por sumarse, mientras India acelera para no quedarse rezagada.

Durante décadas, agencias como la NASA o la ESA dominaron la exploración espacial. Sin embargo, desde principios de siglo un nuevo modelo transformó la forma en que nos relacionamos con el cosmos.

En 2015, SpaceX y Blue Origin introdujeron los cohetes reutilizables, reduciendo drásticamente los costos de lanzamiento y permitiendo que el espacio fuera accesible no sólo para gobiernos, sino también para universidades, startups e inversionistas privados.

El despliegue masivo de satélites impulsó además una revolución en conectividad. Plataformas como Starlink y OneWeb ya ofrecen internet de alta velocidad en prácticamente todo el planeta, incluidas regiones remotas y de difícil acceso.

Por supuesto, el desarrollo tecnológico no ha estado exento de tropiezos. Los cohetes de SpaceX han sufrido varios percances y, recientemente, un New Glenn de Blue Origin explotó durante una prueba en Cabo Cañaveral.

Sin embargo, como ha sucedido repetidamente en la historia del capitalismo, el incentivo económico está acelerando la innovación a una velocidad sin precedentes. SpaceX no sólo ha logrado hazañas tecnológicas; también ha comenzado a desplazar a contratistas históricos como Boeing o Lockheed Martin. Su modelo combina contratos gubernamentales con iniciativas comerciales, creando una sinergia cada vez más estrecha entre el sector público y el privado.

Los avances son impresionantes, pero también plantean interrogantes relevantes.

Las regulaciones internacionales fueron diseñadas para una época en la que únicamente los Estados tenían capacidad espacial. Hoy existen vacíos jurídicos sobre actividades como la minería, el turismo o la explotación comercial de recursos fuera de la Tierra.

Al mismo tiempo, el incremento de lanzamientos ha provocado una creciente acumulación de desechos espaciales que amenaza la sostenibilidad de la órbita terrestre. El riesgo de colisiones entre satélites y la saturación orbital aumenta año tras año.

El “New Space” representa un auténtico cambio de paradigma. Y como ocurre con todos los cambios de paradigma, genera más preguntas que respuestas. ¿Cuáles serán las responsabilidades de las empresas que operen en el espacio? ¿Quién resolverá los conflictos que inevitablemente surgirán? ¿Cómo evitar que el acceso y los beneficios de la nueva economía espacial terminen concentrados en unas cuantas manos?

Preguntas relevantes para el futuro de la humanidad que, curiosamente, estuvieron ausentes en las recientes reuniones que…

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El 30 de junio vence el plazo para registrar tu línea telefónica vinculándola a tu CURP. Si no lo haces, te la suspenden. El régimen lo denomina combatir la extorsión. Lo honesto sería llamarlo por su nombre: el tercer intento de construir un padrón de vigilancia que la Suprema Corte ya declaró inconstitucional en 2009 y en 2021, ambas veces por los mismos argumentos que aplican hoy, que es una violación a la privacidad.

La diferencia es que esta vez la Corte está al servicio del Ejecutivo.

El argumento jurídico que no cambió

El artículo 16° constitucional establece el derecho a la protección de datos personales.

El famoso “principio de proporcionalidad” exige que cualquier medida que restrinja derechos fundamentales debe ser idónea, necesaria y proporcional al fin que persigue. Vincular masivamente los datos de 144 millones de líneas telefónicas para combatir la extorsión es desproporcionado: hay formas menos invasivas de lograr el mismo objetivo. La Corte ya lo dijo dos veces y el argumento sigue siendo el mismo hoy.

El problema es que el tribunal que hoy tendría que aplicarlo es el mismo que ha fallado sistemáticamente a favor del Ejecutivo. Las dos veces anteriores había jueces independientes. Esta vez no los hay.

Lo que puedes hacer, con sus costos reales

El amparo contra la norma venció el 21 de enero, treinta días hábiles después de que se publicó en el Diario Oficial. Ese tren ya pasó. Lo que aún es posible es que…

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Falleció Alan Riding, el célebre corresponsal del New York Times en México y autor del libro clásico Vecinos Distantes, que a mí me tocó todavía como lectura obligatoria en un par de cursos de la licenciatura de relaciones internacionales. No tengo intenciones de reseñar su obra, ni sintetizar sus ideas pues cuando menos una docena de artículos se ocuparán de ello. El año pasado se imprimió una nueva edición de su libro ya clásico y es fácil de conseguir.

Simultáneamente, hace un par de semanas empezó a circular en México el primer tomo de las obras completas de Julio Scherer, publicado por Editorial Planeta. Al terminar de leerlo, uno se queda con sensaciones diversas. La más superficial pero verdadera es que la vida pública mexicana siempre ha sido una cloaca inmunda. Más importante que ello, deja en el lector el sabor de boca de un periodismo bien escrito.

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Scherer y Riding tienen en común eso, ambos escriben bien, pero, sobre todo, pertenecen a una época en la cual el periodismo se ejercía con profesionalismo. La fidelidad a los hechos, la comprobación de fuentes, no son un adorno de su trabajo, sino el distintivo principal. Los libros de Scherer vienen acompañados de significativos anexos documentales que respaldan todas las aseveraciones del autor.

Resulta indudable que tanto Scherer como Riding, posiblemente situados en las antípodas ideológicas uno respecto a otro, expresan opiniones claras y hasta categóricas a veces. Es legítimo, en tanto los hechos se respetan. Los libros de ambos me hacen echar de menos el periodismo profesional, con rigor informativo, a la vista de la proliferación de influencers que inundan la esfera pública contemporánea. La apertura masiva de canales personales en YouTube, la publicación gratuita de toda suerte de necedades en portales anónimos, evidencian el deterioro de la calidad informativa.

Teóricamente hoy se publica más información que nunca y más rápido. Lo que no suele decirse es que también se publican más mentiras, teorías de la conspiración y rumores. No digo nada nuevo al señalar que el periodismo convencional ha perdido espacio y hasta credibilidad frente a los mecanismos comunicativos más avanzados del internet. No obstante, es mucho lo que perdemos al descartar el periodismo profesional. No se trata de sentir nostalgia por otras épocas del ejercicio informativo, sino de rescatar, defender y exigir estándares mínimos de calidad que ya existían en momentos tecnológicamente más atrasados. Simplemente, un texto periodístico bien escrito, cuya lectura se disfrute, es cada vez más raro en la coyuntura mexicana.

Menos se trata de comprar o compartir a plenitud las posiciones editoriales de Riding y Scherer. Tampoco de idealizarlos. Bastaría con recuperar los requisitos mínimos que se imponían a sí mismos antes de publicar algo. Por encima de la inmediatez y la velocidad para publicar algo, estaba la seriedad y el prestigio del periodista. Esto es lo que nos hace falta hoy, frente a la prisa por subir algo a las redes y opinar al respecto. La inteligencia artificial tampoco es un pretexto válido para renunciar al periodismo de calidad.

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El lunes compareció ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Estados Unidos lo acusa de recibir $100 mil dólares mensuales en sobornos de “los Chapitos” a cambio de protección institucional. Los cargos suman una posible cadena perpetua.

La audiencia de ayer es una conferencia preliminar. La pregunta relevante no es qué ocurrió en la sala, sino qué significa que Mérida haya llegado hasta ella.

El primero de los Diez de Sinaloa

Mérida forma parte del expediente S9 23 Cr. 180: diez funcionarios sinaloenses acusados de conspirar con “los Chapitos” para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína y cocaína hacia Estados Unidos. El expediente incluye a Rocha Moya, al senador morenista Enrique Inzunza y al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez.

De los diez, Mérida fue el primero en presentarse ante la justicia estadounidense. Tenía un amparo. No fue extraditado. Se entregó voluntariamente en Arizona el 11 de mayo. Se declaró no culpable el 15. Aceptó una defensora pública. Y la jueza informó que la evidencia de la fiscalía es tan extensa que la defensa necesitará al menos sesenta días para revisarla.

La fiscalía y la defensa solicitaron además suspender conjuntamente los plazos de lo que se conoce como la “Ley de Juicio Rápido”, con el objetivo de facilitar conversaciones previas al juicio. Cuando eso ocurre —cuando el acusado y el gobierno frenan juntos el reloj para conversar—, rara vez se están preparando para una batalla total ante un jurado, sino para negociar.

Dependiendo de lo que revele Mérida, puede obtener una reducción sustancial de pena o algo mejor. Eso dependerá de la calidad de la información que aporte y de los superiores que exponga con ella.

El perfil que cambia la dimensión del caso

Apelo a tu sentido común, querido lector.

Gerardo Mérida no es un funcionario de segundo nivel que cayó en la red por accidente, sino un general de división con formación en inteligencia militar.

No llegó al gobierno de Sinaloa por decisión de Rocha Moya: su nombramiento fue ordenado por López Obrador y sugerido por la Secretaría de la Defensa Nacional. Su presencia en Sinaloa no fue un capricho local, sino una decisión institucional tomada en los niveles más altos del Ejército mexicano.

Y ese general, teniendo un amparo activo que le permitía quedarse en México protegido legalmente, decidió cruzar la frontera y entregarse voluntariamente.

Eso no se hace solo ni se improvisa. Alguien lo asesoró, lo apoyó logísticamente para salir del país con un amparo vigente y, muy probablemente, negoció las condiciones de su llegada antes de que pisara suelo americano. Las preguntas que este caso no ha respondido son esas: ¿Quién lo apoyó? ¿A quién lo consultó? ¿Quién dentro de las fuerzas armadas sabía que esto iba a ocurrir?

Y luego está la pregunta más difícil para el régimen obradorista:

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Un amigo pregunta qué diferencia hay entre el nacionalismo priista (el nacionalismo revolucionario) y el nacionalismo de Morena.

Mi respuesta es un poco cínica, pero honesta. Considero que, una vez transcurridas las primeras décadas de la instalación del régimen postrevolucionario, el nacionalismo priista era, en su mayor parte, una pose funcional al régimen. Si pensamos incluso en un supuesto hípernacionalista como Luis Echeverría, promotor del discurso tercermundista, soberanista, latinoamericanista y todas esas ridiculeces, la sinceridad de sus posicionamientos era muy cuestionable. Hace unos años, los archivos nacionales de Washington y otras instancias gubernamentales norteamericanas pusieron a disposición de todo público la transcripción de las conversaciones entre Nixon y Echeverría. En ellas, el mexicano ofrece todo su apoyo a Washington para servir de puente con América Latina, en específico con la revolución cubana, con los izquierdistas de la región y con otros líderes mundiales que creyeran en el discurso tercermundista.

¡Ya en el podcast! ¿Por qué México no es bueno en fútbol? Con Martín del Palacio.

Dicho de otra manera, Echeverría proponía enarbolar las causas de la izquierda de la época al mismo tiempo que aportaba su colaboración a los norteamericanos. Los discursos “progresistas” de Echeverría podían servir para posicionarlo como un líder progresista ante la base interna del priismo y ante un público internacional ansioso de oír la prédica antiimperialista. Sin embargo, la realidad es que Echeverría simplemente posaba para la foto, como suele decirse. Es verdad que le dio pronto asilo a los exiliados chilenos luego del golpe de estado pinochetista, y le gustaba dejarse ver con Fidel Castro, pero en el fondo, siempre se mantuvo alineado con Washington. En todo lo importante, Estados Unidos contaba con el PRI.

Podría parecer que el caso de Echeverría es una excepción, pero hace unos años también nos enteramos, mediante la publicación de las memorias de un exagente de la CIA que figuras señeras del nacionalismo priista, incluidos futuros presidentes, secretarios de gobernación y hombres de los servicios de espionaje del régimen se encontraban en la nómina de la agencia de inteligencia gringa como informantes. En el supuesto de que la aprobación del gobierno estadounidense resultaba indispensable para convertirse en “el tapado”, es decir el candidato presidencial del PRI, las figuras más prominentes del sistema político mexicano se esforzaban continuamente por quedar bien con Washington. De manera pues, que si bien los priistas alardeaban de su nacionalismo para consumo interno, en el fondo todos intentaban ser como el presidente Miguel Alemán: “Mr. Amigo.”

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Desde que el gobierno federal abrió investigaciones contra la gobernadora de Chihuahua, circula una idea presentada casi como hecho consumado: que el régimen ya tiene la ruta para sacarla de la escena. Bastaría un juicio político, un desafuero, alguna maniobra federal.

El problema es que la Constitución mexicana no funciona así. Y el propio citatorio que la FGR le envió a Maru Campos ya viola la ley.

Lo que dice la ley y lo que hizo la FGR

El artículo 111 constitucional establece que los gobernadores en funciones gozan de fuero: no pueden ser detenidos ni sometidos a proceso penal sin que primero se les retire esa protección mediante una declaración de procedencia del Congreso federal. El artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales refuerza esa protección: un gobernador no puede ser citado a comparecer personalmente ante una fiscalía como si fuera un ciudadano común.

La FGR citó a Maru Campos exactamente así. Sabía que violaba esos preceptos y los ignoró de todas formas.

Eso no es un descuido procesal sino un mensaje político disfrazado de acto jurídico: la federación va a presionar a un gobierno local opositor aunque tenga que atropellar el marco constitucional para hacerlo.

Las dos vías que sí existen y sus límites

Para proceder legalmente contra una gobernadora en funciones existen dos rutas:

La primera es el desafuero, técnicamente llamado declaración de procedencia…

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Ricardo Monreal sugiere una iniciativa de ley para anular elecciones en caso de comprobarse intervención extranjera en los comicios. Es demasiado evidente que la propuesta va ligada al miedo de que Estados Unidos siga exhibiendo las ligas de los partidos y candidatos oficialistas con el narcotráfico. No sé si haya alguien lo bastante ingenuo para suponer que ese tipo de investigaciones sobre intervención extranjera como causa de nulidad se activarían en caso de que el apoyo a candidaturas mexicanas hubiese venido de Cuba o Venezuela.

¡Ya en el podcast! ¿Por qué México no es bueno en fútbol? Con Martín del Palacio.

Más importante aún, no sabemos qué tipo de pruebas se aducirían para evidenciar esas “intervenciones” y quién estaría capacitado para evaluarlas jurídicamente. Supongo que el INE y el Tribunal Electoral, dos entidades capturadas integralmente por los intereses oficialistas. Me pregunto más cosas, si esa supuesta intromisión se comprobara, ¿qué estaría obligado a hacer el Estado mexicano contra el país interventor? ¿Elevar un extrañamiento, una protesta diplomática, retirar embajadores, ruptura de relaciones? Es fácil imaginarse a Morena rompiendo relaciones con la Argentina de Milei, pero ¿a poco romperían relaciones con Moscú si detectan la injerencia de Russia Today a favor del oficialismo? Resultaría muy extraño que las autoridades oficiales actúen para sancionar candidatos y partidos, pero no hagan nada contra los países “interventores.”

Una vez más, todo esto se sustenta bajo el manto protector del manoseado concepto de soberanía. Parecería paradójico que en uno de los momentos históricos de mayor debilidad del Estado mexicano moderno, cuando no tiene control territorial sobre vastas zonas del país (Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas, Michoacán, buena parte de Jalisco), sea cuando más se insiste en la protección y defensa de la soberanía. No se habla nunca en el discurso oficial de la responsabilidad de recuperar control territorial, únicamente defender la soberanía frente a malvados actores extranjeros.

En términos concretos, no hablamos de la necesidad de reforzar las sanciones contra los partidos y candidatos a quienes se les comprueben ligas con el narco. Excepción hecha de un anuncio francamente risible de Morena para crear una…

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Claudia Sheinbaum atraviesa uno de los momentos más complicados de su administración. El país registra crecimiento nulo, déficit fiscal preocupante y perspectiva de deuda soberana modificada a negativa por Moody’s. La relación con Estados Unidos se complica semana a semana: la solicitud de extradición de Rocha Moya y la entrega voluntaria de los Diez de Sinaloa, la renegociación del T-MEC, la presión creciente sobre el crimen organizado. La ofensiva contra Maru Campos terminó siendo respondida desde Washington con el indictment más incómodo de la administración.

En ese contexto aparecen, en secuencia de doce días, tres episodios extraordinariamente útiles para la presidenta.

Tres golpes de imagen demasiado precisos

• El 6 de mayo, Sheinbaum recibió a BTS en Palacio Nacional tras escribir una carta al presidente de Corea del Sur solicitando más fechas de conciertos para los jóvenes mexicanos. Cerca de 50 mil seguidores se congregaron en el Zócalo mientras la banda saludaba desde el balcón presidencial. Las imágenes circularon globalmente.

• El 14 de mayo, Bono se reunió con Sheinbaum en el Teatro Hidalgo del IMSS durante la clausura de la Street Child World Cup y declaró públicamente: “Atención médica universal, aumentó el salario mínimo, vienes al Street Child World Cup, conoces a Edge y a mí, no sé cómo tienes tiempo.” La escena circuló de inmediato en las redes sociales de la presidenta.

• Este lunes, Sheinbaum confirmó que el rey Felipe VI visitará México el 26 de junio para el partido España-Uruguay en Guadalajara, aceptando una invitación que la presidenta envió en febrero. Primera visita del monarca español a México en años, después de un período de tensión diplomática heredado del obradorismo.

Tres episodios con impactos mediáticos masivos, útiles para proyectar liderazgo internacional en el peor momento interno de la presidencia.

El antecedente que establece el patrón

Este tipo de operaciones tiene historial documentado. El concierto de Rosalía en el Zócalo en 2023 costó más de 6 millones de pesos al gobierno de la CDMX, pagados a Ocesa por servicios de producción técnica, aunque la artista no cobró caché. En el caso de U2, el evento estuvo vinculado a la Street Child World Cup donde el IMSS fungió como anfitrión principal. Los costos de hospedaje y logística asumidos por el gobierno no han sido transparentados.

El dinero rara vez aparece etiquetado como propaganda política. Se dispersa entre producción, logística, cooperación institucional y patrocinio. La opacidad es el método.

La infraestructura que lo hace posible

A Sheinbaum le gusta la asesoría externa en comunicación política. Desde 2022 trabajó con…

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El primer sexenio en el cual una mujer gobierna México, un grupo de mujeres en Chilapa, Guerrero, suplica la ayuda de Donald Trump, el presidente más misógino en la historia moderna de Estados Unidos. Esas mujeres se sienten abandonadas por el Estado mexicano, en el momento que los políticos de dicho Estado se llenan la boca con discursos sobre soberanía. El Estado mexicano, esa entelequia cada vez más débil, cuya sola capacidad institucional consiste en perseguir y reprimir a sus críticos, no puede garantizar la seguridad de las mujeres guerrerenses y ellas son las primeras en saberlo. No les importa el cuento patético de la soberanía, pues saben que los gobiernos mexicanos llevan décadas sin capacidad institucional para garantizar el control territorial pleno. Ellas buscan ayuda del cielo, pero como éste parece sordo a sus peticiones, dirigen sus súplicas al “malvado imperio”. Es una paradoja verdaderamente dramática que en el sexenio de la izquierda feminista, sean las mujeres de las comunidades más pobres del país las que opten por buscar el apoyo de Estados Unidos y en concreto, del presidente Trump. Nadie, sino alguien muy desinformado, puede esperar o creer que el Estado mexicano logrará restablecer la seguridad en Guerrero.

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El pasado 19 de abril, un operativo en Chihuahua desmanteló dos narcolaboratorios. Murieron el titular de la Agencia Estatal de Investigación y dos agentes de la CIA cuya presencia confirmó después el propio gobierno federal. El resultado fue el golpe más visible contra infraestructura industrial del narcotráfico en años recientes. El problema para el régimen fue quién se llevó el crédito: una gobernadora panista y agencias estadounidenses.

La reacción del oficialismo lo dijo todo. Senadores de Morena acusaron a la gobernadora Maru Campos de traición a la patria. La FGR abrió una investigación. El fiscal de Chihuahua renunció bajo presión. Dos semanas después, el 29 de abril, Washington respondió con el indictment contra los Diez de Sinaloa, incluido Rocha Moya.

El delito que no aplica

El artículo 123° del Código Penal Federal castiga con hasta cuarenta años de prisión a quien realice actos contra la independencia o soberanía de México para favorecer a un gobierno extranjero, o coopere con uno de forma que perjudique al país. La inconveniencia para el régimen es bastante simple: ninguna parte del artículo describe lo que hizo Maru Campos.

Cooperar con agencias estadounidenses para desmantelar un narcolaboratorio no equivale a entregar territorio, someter al país ni actuar contra la soberanía nacional. Para sostener esa acusación, la FGR tendría que defender una idea bastante difícil de vender: que combatir al narcotráfico con apoyo extranjero perjudica a México. El argumento prácticamente se derrumba solo.

Las rutas disponibles

El régimen tiene tres caminos, y ninguno es cómodo:

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Tuve oportunidad de asistir a la conferencia o discurso pronunciado por Isabel Díaz Ayuso en la Universidad de la Libertad. Me pareció una intervención bien sustentada, profunda, en suma, inteligente. Como siempre, la nota de fondo, el tema importante, que fue la defensa de una política liberal y de apertura a la inversión, se oscureció por polémicas inútiles. Lo menos interesante de lo que dice Ayuso es lo referente al tema de la conquista. Se pasaron por alto sus numerosas referencias a Cicerón (¿conoce usted un político mexicano capaz de citar de memoria a Cicerón?), su reflexión sobre la libertad, los perjuicios del modelo estatista y su mensaje de esperanza: “del socialismo se sale”, que significa que el socialismo se abandona con el camino correcto.

Mucha gente me ha dicho que el timing de la conferencia fue malo, pues le dio un pretexto al oficialismo para hablar de soberanía, de imperialismo y hasta de la Conquista de México y Hernán Cortés, en lugar de hablar sobre las acusaciones estadounidenses contra el gobernador Rocha Moya por sus ya más que evidentes ligas con el narcotráfico. Parece extraño juzgar a los organizadores de la conferencia por un acontecimiento que nadie tenía previsto para estas fechas, a saber, la bomba estadounidense contra Rocha Moya. Seguramente la conferencia de Díaz Ayuso estaba contratada desde hace meses, pero los críticos le reprochan a los organizadores que no la hayan cancelado o diferido.

La oposición es tan mediocre que culpa a una universidad o a unos empresarios por no haber cancelado un evento que, además, era crítico del gobierno. Dicen los opositores críticos del evento, que lo de Ayuso le ayudó a Sheinbaum a evitar el peso mediático del escándalo de Rocha Moya. No estoy seguro. Si la oposición existiera, el tema de Rocha estaría presente en el Congreso (toma de tribunas), en la calle (manifestaciones), en las carreteras (bloqueo de carriles) y esfuerzos continuos de informar a la población cuadra por cuadra con brigadas de volanteros. Estamos hablando de un narcogobernador, el tema merecía todo tipo de protestas pacíficas. ¿Dónde están? La oposición mexicana prefiere tuitear.

En todo caso, hay una expectativa verdaderamente extraña en la autodenominada oposición. Tienen la esperanza de que…

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